La noche del 12 de septiembre de 2002, policías mexicanos sacaron a rastras a Concepción García de su casa en Anapra, una colonia de Juárez tan cerca a Estados Unidos que el chirrido del tren gringo se colaba hasta las camas. La hicieron caminar veinte metros con la cabeza agachada. Cuando la levantó, ya estaba del otro lado del muro, con dos agentes del FBI.
Unas horas antes, a las 8:24 de la noche, un carguero que llevaba juguetes e iba rumbo a Dallas paró al otro lado de la frontera. Un grupo de hombres mexicanos cruzó por el muro fronterizo e intentó robarlo. Fueron interceptados por agentes norteamericanos.
Pero la agente del FBI Samantha Mikeska sometió a un juarense, Eduardo Calderón, contra el muro. Seis hombres la golpearon y la jalaron de vuelta por un hueco de la valla. Bastó para desatar la furia de las agencias de ese país. Hoy, un expediente judicial que conseguí revela el terror que sufrieron aquella noche. El operativo se llamó Vice Grip. Lo montó el FBI, y la Aduana de México jugó un papel siniestro.
Hay una llamada entre el aduanero mexicano Jorge Stevenson y los estadunidenses donde le contaba que esa noche la policía de Juárez y ellos habían ido casa por casa deteniendo colonos en Anapra. Mexicanos cazando mexicanos para un gobierno extranjero. Del otro lado dieron la instrucción: “entréguenlos en el muro” para saltarse la burocracia de una extradición. La Aduana obedeció.
Los 13 fueron acusados allá, pero el 25 de diciembre un juez federal los mandó liberar: eran inocentes, dijo, porque habían sido entregados de manera ilegal. En el caso de Concepción, también tuvieron que soltarla: nunca se corroboraron los datos que aportó el informante del croquis.
El juicio fue en Las Cruces, junto a Mesilla, el pueblo que Santa Anna le vendió a EU en 1853. El entreguismo, en esta frontera, tiene siglo y medio, sólo cambió la mercancía. Antes se cedía territorio y por ese entonces los mandos: el jefe de la Policía Municipal de Juárez que ordenó las detenciones era un exagente del FBI llamado Armando Castañeda González.
En México, el Ministerio Público pidió 60 arrestos de policías y agentes fiscales por allanamiento, abuso de autoridad y traición a la patria. Sólo uno pisó la cárcel. El gobierno panista de Vicente Fox prefirió el silencio a importunar a Washington. Fue la primera vez que los panistas entregaron Chihuahua.
La segunda llegó 24 años después, y ya ni el muro hizo falta. Un boina verde, Richard Johnston III, y un ex marine, John Black, murieron el 19 de abril al volcar en la Tarahumara, de vuelta de un operativo en El Pinal. Una clara intervención extranjera.
Desde entonces Fox se ha sumado a la defensa de la gobernadora panista y a jurar que “las marranadas” en su contra no procederán. Por los 13 de Anapra, a los que su propio gobierno secuestró y entregó por la malla, no dijo una palabra. El PAN invoca la ley sólo cuando toca a los suyos.
El miércoles un juez dictó prisión preventiva al exfiscal César Jáuregui, señalado de haber conocido el operativo, en el Altiplano. Dos entregas, 24 años, el mismo partido. Nadie los obligó. El PAN se entregó solo.