M+.- Durante el debate de la reforma judicial, la defensa de los jueces de carrera descansó —según ellos— en una verdad incuestionable: el concurso de oposición y la vigilancia entre pares formaban juzgadores inmunes a la presión del crimen. El domingo, en Colombia, ese argumento se desmoronó. A petición de Estados Unidos, fue detenido Luis Benítez Alcántara, juez del Reclusorio Sur, acusado de cobrar por liberar a un narcotraficante.
Los documentos judiciales que revisé muestran cómo ocurrió. En octubre de 2024, Andrew Clark fue detenido en Jalisco por una orden del propio Benítez. Estados Unidos lo reclama por narcotráfico y homicidio. Sus abogados pidieron a otra jueza anular esa orden, sin éxito. En diciembre, Benítez decidió que Clark debía seguir en la cárcel mientras se resolvía su extradición, un trámite que podía durar hasta dos años.
Once semanas más tarde, el mismo juez, que lo había encarcelado, cambió de opinión y lo dejó salir bajo fianza. Fue el 24 de febrero de 2025. Según un gran jurado de California, para entonces Clark había hecho llegar dos millones de dólares a cuentas atribuidas al juez. Si la acusación se sostiene, el dinero le concedió a Clark en una sola audiencia lo que la ley le había negado.
El juicio contra Benítez ocurrirá en Estados Unidos. La cuenta que queda en México es otra, y la deben el viejo sistema judicial y la reforma que no alcanzó a removerlo. Benítez ganó su concurso en 2015 y empezó a juzgar en 2018. Su plaza no salió en la tómbola del Senado de 2024, así que no tuvo que competir en la elección de 2025. Nunca pidió un voto.
Mientras la mitad de los juzgados federales pasaba por las urnas, él siguió en su sala. En mayo de este año, quince meses después de la fianza de Clark, celebraba audiencias en el Reclusorio Sur. Para entonces, el Congreso ya había aplazado a 2028 la elección que debía renovar su plaza.
Hoy el directorio oficial del Poder Judicial todavía lo presenta como juez en funciones. En todos esos años, ningún filtro interno detectó lo que investigaron el FBI y la Policía Montada de Canadá.
Permítame explicarme: un gremio que se vigila a sí mismo termina absolviéndose. Montesquieu lo advirtió en Del espíritu de las leyes: para que no se abuse del poder, es preciso que el poder frene al poder. Durante décadas, al Poder Judicial no lo frenó nadie.
La reforma tampoco sale limpia. A petición del INE, que advirtió un posible colapso operativo si coincidía con las intermedias, la segunda elección judicial se aplazó a 2028. El costo de esa prudencia administrativa es un año más de toga para jueces como él. La elección de 2025 tuvo vicios propios, y un juez electo también puede venderse, pero abrió una puerta que el viejo sistema mantenía cerrada: al menos sus vigilantes ya no los eligen los propios jueces.
Ahora el nuevo Tribunal de Disciplina tiene una tarea concreta. Revisar cada libertad que Benítez firmó en el Reclusorio Sur. Si no lo hace, la próxima vez que un juez mexicano ponga precio a una fianza, volveremos a enterarnos por un gran jurado en otro país.