La política democrática no comienza con la victoria, sino con los límites que el vencedor está dispuesto a respetar. Esa convicción se extravió en el camino de la polarización. El diálogo y el acuerdo con quienes piensan distinto dejaron de entenderse como virtudes públicas y comenzaron a presentarse como claudicación, complicidad o hasta como traición.
Quien ganó la elección pretende ganarlo todo: el gobierno, las instituciones y hasta el derecho de alterar las reglas que hicieron posible su triunfo. La mayoría deja de ser un mandato temporal y se convierte en justificación para controlar al Estado. El sufragio conserva su apariencia democrática, pero pierde libertad cuando queda sometido al uso político de los programas sociales o a la intervención de los poderes públicos.
El respeto a quien piensa distinto ha sido desplazado, sea un adversario político, un periodista, un creador de contenido, un juez, una abogada o una organización civil. Desde la más alta tribuna, la crítica se convirtió en agravio y el disenso, en sospecha. Después de ocho años de erosión institucional, está comprometida la capacidad del Estado para ofrecer legalidad, certeza y justicia imparcial. Cuando los órganos encargados de contener al poder pierden independencia y profesionalismo, la democracia conserva el nombre, pero se vacía de contenido.
Los medios también se enfrentan a ese deterioro. Un sector de la oposición quisiera convertirlos en instrumentos de combate, mientras el poder califica como militancia toda información, opinión o investigación que contradiga su relato. Ambas exigencias deforman su función: informar no es obedecer al gobierno ni tampoco servir de trinchera a sus adversarios.
La libertad de expresión debe amparar las palabras incómodas. Desde el poder debe existir la objetividad, prudencia, respeto, presunción de inocencia y consideración a los ciudadanos. El gobernante puede tener convicciones; lo que no puede es convertirlas en sentencia.
La moderación no es equidistancia, cobardía ni tibieza. Es la disciplina democrática de reconocer la legitimidad del otro y aceptar que ninguna causa, por justa que parezca, autoriza a destruir las reglas comunes. La política pierde su sentido cuando se niega al adversario el derecho a disentir.