A partir de la estrategia adoptada para desatender la solicitud sobre el arresto con fines de extradición de Rubén Rocha, algo esencial cambió. Fue un grave error político de quien haya decidido colocar a la Presidenta como defensora de oficio del llamado movimiento obradorista. Dejó de discutirse el futuro de un gobernador y comenzó a ponerse a prueba el activo más valioso de cualquier jefe de Estado: la credibilidad institucional.
Ésta ya no es una historia sobre Rocha, Andy, Marina, Américo o Delgado. Es la historia de un gobierno que subordinó su comunicación política a la defensa del legado de López Obrador. Cuando un gobierno transmite la impresión de que existe una prioridad por encima del interés nacional, desplaza aquello para lo que fue elegido: gobernar para todos.
Los gobiernos suelen utilizar funcionarios como fusibles para proteger al jefe del Ejecutivo. Aquí ha ocurrido al revés, colocaron a la jefa del Ejecutivo para proteger a los suyos. Han convertido a la única persona que no podía desgastarse en el pararrayos de todas las contradicciones.
Durante años AMLO imponía la agenda y el significado de los acontecimientos. Hoy ocurre lo contrario. Antes, la narrativa iba al frente de la locomotora; ahora va en el cabús, tratando de alcanzar a los hechos.
Cada información genera una explicación; cada explicación, nuevas preguntas y cada aclaración, nuevas contradicciones. Los intentos por cerrar un expediente terminan ampliándolo, mientras cada respuesta consume un poco más del capital de credibilidad del gobierno.
La mañanera ya no distribuye costos: los concentra. Cada explicación presidencial evita que un secretario, un gobernador o un operador político cargue con el desgaste de sus propios actos. Todo termina descansando sobre la Presidenta.
La reputación es un activo de gobierno. Cuando se erosiona, el costo no lo paga solo quien ocupa Palacio Nacional, lo paga el país. El poder no se pierde sólo cuando deja de mandar, sino también cuando deja de ser creíble.
Cuando una Presidencia deja de protegerse para proteger a quienes deberían responder por sus actos, el problema ya no es el gobernador que regresa a tomar las riendas del estado, ni siquiera su partido. El expediente que abre la historia es el suyo. Hemos cruzado el Rubicón.