“Toda supresión de la discusión implica una presunción de infalibilidad”.
John Stuart Mill
El régimen político ha decidido enfrentar las resistencias al proyecto sobre el derecho de las audiencias no mediante la apertura, sino desde la cerrazón. Se advierte una intención de reducir los espacios de crítica y escrutinio al poder. La experiencia recomendaría al gobierno inclusión, diálogo y deliberación respetuosa. Quizá eso no elimine las diferencias, pero sí permitiría un intercambio constructivo y mayores puntos de encuentro.
La propuesta de legislar con la excusa de defender a las audiencias se inscribe en un contexto marcado, desde el sexenio anterior, por las agresiones a la libertad de expresión. Por eso la resistencia y la desconfianza resultan inevitables. Particulares, empresas, medios y quienes ejercen el oficio periodístico, no pueden dejar sus libertades en manos de la autoridad, mucho menos en la que ha mostrado intolerancia, desdén por la crítica y vocación de control.
Las reacciones de estos días desde la más alta oficina del gobierno han resultado contraproducentes y, en algunos casos, poco congruentes con los propios derechos de las audiencias, por imprecisiones, descalificaciones a periodistas y afirmaciones presentadas fuera de contexto. No son respuestas propias de un debate democrático. Son heridas autoinfligidas que agravan la desconfianza y fortalecen la convicción de que el proyecto busca contener la crítica al régimen. Los derechos de las audiencias terminan convertidos en pretexto.
Resulta, por tanto, inaceptable la intervención del gobierno con facultades sancionadoras para resolver diferencias entre un particular y medios de comunicación. Ningún medio pretende estar en guerra con la autoridad, pero tampoco es aceptable que ésta actúe como si toda discrepancia fuera una hostilidad.
Los medios, por su parte, deben aprovechar la ocasión para fortalecer sus mecanismos de autorregulación, cualquiera que sea el destino del proyecto. Existen experiencias exitosas para proteger a las audiencias y preservar el ejercicio libre del periodismo.
La propuesta oficial se aparta de esos precedentes. Ni en el discurso ni en los lineamientos parece preservarse lo esencial: una sociedad plenamente informada, plural y crítica, bajo la protección irrestricta de la libertad de expresión.