No se entiende por qué se califica como electoral lo que en rigor es una clara reforma política, más aún cuando toca la integración de órganos legislativos y el régimen de prerrogativas partidistas. Sin embargo, el nombre es lo de menos, el problema está en el contenido. La iniciativa se presentó sabiendo que los votos no alcanzaban. Buscar con ello superioridad moral o ideológica es un propósito que no solo fracasa, sino que castiga con severidad y miopía a los propios aliados.
La Presidenta parece convencida de las bondades que muchos no encontramos en la iniciativa, diseñada a la medida de Morena, no del conjunto de la coalición, y mucho menos del país. La propuesta ratifica e incrementa la sobrerrepresentación de la minoría mayor, es decir, la de Morena. Es engañoso y no del todo cierto sostener que se conservan las fórmulas del régimen anterior para la representación proporcional. Además, esas fórmulas son hoy insostenibles frente a la realidad del país. Existen otras opciones para elegir senadores que podrían conciliar la representación igualitaria de las entidades con la representatividad proporcional al voto.
El problema mayor de la reforma no está en lo que propone, sino en lo que omite. No atiende los dos problemas fundamentales del sistema de representación política y electoral: la partidocracia y particularmente la influencia del dinero del crimen organizado.
Desbloquear las listas de los plurinominales no es una mala idea; de hecho, es una propuesta que en su momento presenté en el libro La presidencia Moderna hace más de dos décadas (p. 397). Lo mismo vale para las elecciones primarias como freno a la partidocracia.
Ante el rechazo a la iniciativa, redactada con intención testimonial, lo verdaderamente preocupante es el plan B. A través de la legislación ordinaria podría violentarse la Constitución en forma y fondo, sin que una Corte de Justicia independiente ofrezca freno alguno. El INE, además, quedaría expuesto a un debilitamiento encubierto bajo el argumento de la austeridad. La iniciativa presentada entonces bien podría ser el anticipo de una embestida definitiva contra el Instituto. Cuando una reforma se presenta a sabiendas de que no se aprobará, lo prudente es preguntarse qué buscan ganar.