M+.- La derrota electoral de Donald Trump lo convierte en un presidente en búsqueda de autoridad fuera de sus fronteras. Los recientes mensajes de Washington obligan a considerar este riesgo con seriedad.
El nombramiento de Stephen Miller como jefe de gabinete y la amenaza de duplicar aranceles si México no detiene las caravanas migrantes apuntan en esa dirección. Miller fue el artífice de las políticas migratorias más duras del primer mandato; su nombramiento no es neutral. El endurecimiento todavía no es un desenlace inevitable, pero sí una advertencia que sería un error ignorar.
Trump vuelve a condicionar el intercambio comercial a acciones en otra materia. El mensaje es inequívoco: el acceso al mercado estadunidense puede convertirse en instrumento de presión. Bajo esa lógica, cualquier desacuerdo, sea migratorio, de seguridad o energético, amenaza con trasladarse al terreno del comercio, del que dependen millones de empleos en ambos países.
La presidenta Sheinbaum respondió que ninguna caravana ha llegado a la frontera norte desde el regreso de Trump. Es un dato relevante, porque erosiona la justificación del amago. Sin embargo, una respuesta factual difícilmente basta frente a una estrategia que convierte la percepción de amenaza en recurso político. En esa lógica, la eficacia del discurso no depende de su exactitud, sino de su utilidad discursiva.
Conviene distinguir entre una declaración y un acto de gobierno. No están precisados los productos, las tasas ni el mecanismo de la duplicación anunciada. Presentarla como un cobro consumado sería inexacto; desestimarla como simple retórica sería imprudente. La prudencia exige prepararse para el peor escenario sin actuar como si ya hubiera ocurrido.
México conserva espacios de acción. La reunión de García Harfuch con el director de la DEA muestra que existen canales para cooperar en inteligencia, investigaciones financieras y extradiciones. Esa colaboración debe traducirse en compromisos recíprocos y resultados verificables, incluido el combate al tráfico de armas hacia nuestro país. La corresponsabilidad no puede ser una exigencia en un solo sentido.
La Presidenta debería acompañar el diálogo con una estrategia nacional: fortalecer la legalidad, ofrecer certidumbre a la inversión y sumar a empresarios, gobernadores y legisladores de ambos lados de la frontera. Muchos de ellos representan regiones cuya prosperidad depende de la integración económica y tienen razones propias y legítimamente interesadas para oponerse a una escalada. La soberanía requiere instituciones eficaces y aliados, no solo firmeza verbal.
La advertencia es concreta: cuando Washington utiliza el comercio para imponer decisiones, están en juego nuestro trabajo y nuestra capacidad de decidir. Acostumbrarnos a la amenaza sería empezar a aceptarla. México debe negociar desde ahora, antes de que lo excepcional se vuelva regla y cada decisión propia tenga un precio fijado desde fuera.