M+.- Las elecciones intermedias que se avecinan no son una elección más. Lo que está en juego es mucho más profundo: el rumbo del régimen político y la capacidad de la democracia para contener y sancionar el abuso de poder. Con excepción de Durango y Veracruz, todas las entidades renovarán sus ayuntamientos, 17 elegirán gobernador, 31 congresos locales y 500 diputados federales. Pero lo preocupante es el complejo contexto en el que ocurrirán.
Con la desaparición o debilitamiento de los pesos y contrapesos y órganos electorales cuya autonomía ha sido comprometida, México vive una concentración inédita de atribuciones en la Presidencia de la República. A esto se suma un gobierno que actúa con sentido partidista, dejando de lado la imparcialidad que debería ser principio esencial de su autoridad.
Existe una amenaza todavía mayor: la presencia del crimen organizado en los procesos electorales. Las elecciones intermedias de 2021 dejaron un precedente que no puede ignorarse. El crimen intervino de distintas maneras: mediante acciones delictivas durante la jornada electoral, intimidación de candidatos y electores, y sobre todo, financiamiento de campañas.
Las irregularidades no fueron generalizadas, pero en los lugares donde ocurrieron, las denuncias no fueron investigadas ni atendidas. Y desde la más alta oficina del poder se habló entonces de una elección ejemplar.
El problema de fondo es que cuando las irregularidades no se sancionan, terminan normalizándose y se vuelve mensaje para los poderes públicos. Además, cuando se normaliza la interferencia criminal, lo que queda en entredicho no es solo la legalidad de una jornada electoral: es la legitimidad del gobierno que surge de ella.
Hoy están a la vista las consecuencias. El partido gobernante ha tenido que establecer mecanismos para revisar candidaturas y evitar que lleguen a la boleta personas comprometidas por vínculos con el crimen.
La tarea de garantizar elecciones libres corresponde a instituciones independientes. Ahí surge otro problema: la polarización política, la parcialidad de las autoridades, el debilitamiento de las capacidades del INE y del Tribunal Electoral es lo que dificulta que puedan actuar como garantes de la legalidad.
México llega así a una elección intermedia en un entorno complejo, muy diferente a los precedentes de la normalidad democrática que partió en 1997. La disputa por el voto es sólo parte del problema. Lo que está en juego es si el país conservará elecciones capaces de expresar libremente la voluntad ciudadana, si habrá instituciones con autoridad para contener los abusos y, sobre todo, si el crimen organizado seguirá encontrando espacios para intervenir en la política.
Por eso estas elecciones importan tanto. No se trata solamente de quién gana. Lo que está presente es saber en qué condiciones se gana y si, después de la elección, los mexicanos podremos confiar en que el resultado fue realmente producto de nuestra voluntad.