El 24 de julio pasado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió una consulta sobre los lineamientos para proteger el llamado derecho de las audiencias. La propuesta obliga a las concesionarias de radio y televisión a registrar códigos de ética y personas defensoras de las audiencias, establece procedimientos de queja y faculta a la Comisión para imponer sanciones a quienes transgredan dichos lineamientos.
Las audiencias merecen información plural y accesible. La dificultad aparece cuando esas garantías democráticas se convierten en una larga y compleja estructura burocrática cuyo árbitro final es una autoridad dependiente del gobierno, cuya autonomía frente al poder político ha sido ampliamente cuestionada.
Tampoco queda claro a quién se pretende proteger, frente a quién ni bajo qué concepción de audiencia. México no está formado por una audiencia homogénea, sino por ciudadanos con convicciones, experiencias y capacidades críticas diversas. No sorprende que un gobierno que concentra su narrativa en la idea de un pueblo bueno y sabio vea con incomodidad la pluralidad que caracteriza a la sociedad mexicana.
Es cierto que en la vida pública circulan narrativas tergiversadas provenientes de todas las corrientes políticas. Pero silenciar a quienes las difunden no es la respuesta. La alternativa democrática consiste en refutarlas con argumentos y evidencia. El juicio corresponde a la ciudadanía, que puede retirar atención, credibilidad y relevancia a quienes deforman la realidad.
Los lineamientos propuestos intentan combatir las opiniones incómodas mediante burocracias encargadas de administrar la verdad. La desinformación no se combate por decreto, sino con medios profesionales, educación crítica y ciudadanos capaces de discernir por sí mismos.
La Presidencia es un actor central de la conversación pública, pero no debiera ser su árbitro. Administrar desde ahí las conversaciones de los demás termina debilitando el espacio del que depende la eficacia de la propia palabra presidencial. Una democracia no fortalece su conversación pública silenciando voces, sino permitiendo que estas se confronten, con libertad, ante ciudadanos capaces de decidir, incluso cuando esas voces resultan incómodas para el poder.