Es claro que el país requiere de cambios profundos en las instituciones y que también demanda revisar actitudes y hábitos de empresarios, líderes sociales, autoridades, partidos y medios de comunicación. La sociedad se ha transformado de manera profunda y la realidad impone el cambio como curso obligado. El mandato del 1 de julio es inequívoco: se requiere una recomposición profunda de la relación entre autoridades y sociedad; el reto es tener claridad de lo mucho que se debe preservar y también de lo mucho que es preciso cambiar.
El cambio en la sociedad no ha sido uniforme, ha sido incluso contradictorio, y es necesario reconocer que ha tenido sus deficiencias. La cultura de súbdito coexiste con la del ciudadano. El súbdito no se asume como parte activa del proceso económico o político, sino que suscribe una actitud pasiva, con la falsa esperanza de que las cosas mejoren como resultado de lo que alguien más hace, casi siempre el gobierno o quien lo encabeza. La cultura ciudadana es lo opuesto. Parte de derechos y obligaciones, además de entender que el cambio empieza por uno mismo.
El Presidente electo ha puesto en claro no solo un cambio de régimen, sino una forma diferente de tomar decisiones. La Presidencia, a partir de la fortaleza que le concede el voto popular y el apoyo del Congreso, está en condiciones de definir, actuar y determinar acciones que en el pasado resultaban solo del consenso o acuerdo entre la estrecha pluralidad, consecuencia necesaria de la ausencia de mayoría parlamentaria por parte del partido en el gobierno. La situación cambió y, como tal, es necesario entender los nuevos términos del ejercicio del poder público.
Si bien es cierto que el cambio es tan necesario como inevitable, también lo es que esto entraña resistencias, riesgos e incertidumbre. Es preciso diferenciar uno de otras para dar respuestas adecuadas.
El periodo entre el resultado de la elección y la toma de protesta ha dejado importantes lecciones que es preciso comprender por autoridades, organizaciones, ciudadanos y medios de comunicación. De entender bien lo acontecido y actuar de manera visionaria y con responsabilidad, la transformación que se avecina será virtuosa, accidentada sí, pero con el potencial de dejar atrás insuficiencias que mucho afectan al desarrollo integral del país.
Quizá el riesgo estructural mayor al que convoca el futuro grupo gobernante es propiciar la cultura del súbdito y no la del ciudadano. Invocar al pueblo, desestimar el estado de derecho y la fuerza de las instituciones acentúa tal riesgo. En las palabras del Presidente electo hay para los dos paradigmas.
De hecho, muchas medidas autoritarias o que realzan al presidencialismo frente a la pluralidad, las leyes o los grupos de interés, generan respaldo popular. Así, por ejemplo, la suspensión del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco provocó el rechazo empresarial y de un sector importante de opinión; sin embargo, esta medida hizo crecer el apoyo popular del Presidente electo al mostrarse independiente y desafiante de intereses que en la percepción popular se presentan como ilegítimos.
La popularidad no corre por el mismo sendero que el de la eficacia, menos por el de la responsabilidad. El nuevo gobierno debe tener presente tal consideración, pensar no solo en el primer tramo de la gestión administrativa y política, también perfilar el escenario al que se quiere llegar para el final del sexenio. Para ello es necesario una visión estratégica y una táctica que no comprometa lo importante y que reafirme los objetivos por el proyecto en curso.
Estos días han confirmado que la economía no puede desdeñarse. Debe haber claridad sobre la fragilidad de la confianza y diferenciar el impacto de las decisiones políticas sobre los factores económicos respecto a la población. Así, por ejemplo, la iniciativa de los senadores de Morena respecto a desaparecer las comisiones bancarias impactó negativamente el índice bursátil y al tipo de cambio, aunque el objetivo del proyecto de reforma es consecuente con el deseo de proteger la economía popular.
No hay que cansarse de repetir: la política no puede desentenderse de la economía. Sería lamentable para todos que el sector inversionista pasara de la incertidumbre a la desconfianza. Una baja en la inversión privada afecta al conjunto, y especialmente modificaría en términos negativos las perspectivas económicas del inicio del nuevo gobierno y mucho de lo que se proyecta para los dos primeros años. Además, los proyectos de infraestructura programados por el nuevo gobierno suponen una participación de capital privado.
El cambio no se puede frenar, tampoco se puede desbocar y que arrolle mucho de lo positivo que existe. La transformación debe conducirse con perspectiva y sentido de proyecto común, esto es, que conceda a todos, no solo a los de casa, incluso a quienes disienten, un espacio para aportar para el bien del país.
@liebano
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Liébano Sáenz
México /
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