En la vida pública mexicana hemos perfeccionado la manera de informar lo que hacen los gobiernos. Cada año conocemos cifras, inversiones, obras y programas que dan cuenta del ejercicio de los recursos públicos. El desafío pendiente es demostrar qué ha cambiado gracias a esas decisiones y cuánto de ese esfuerzo se refleja en el bienestar de las personas.
Esta reflexión cobra especial sentido durante las comparecencias que se celebran en el Congreso de Hidalgo, con motivo del Cuarto Informe de Gobierno del gobernador Julio Menchaca Salazar. Un ejercicio que permite conocer los avances de su administración, examinar las políticas emprendidas y reconocer los desafíos que todavía requieren atención.
La glosa tiene un significado que trasciende el intercambio de preguntas y respuestas. Es una expresión del equilibrio constitucional entre poderes y una oportunidad para valorar la eficacia de la acción gubernamental. Su importancia radica tanto en lo que se informa como en aquello que, a partir de sus conclusiones, podemos mejorar.
Gobernar implica elegir. Cada determinación supone atender unas necesidades antes que otras, distribuir recursos limitados y asumir consecuencias que, en ocasiones, se extienden más allá de un periodo administrativo. Por ello, una de las preguntas más relevantes no es únicamente cuánto se hizo, sino qué se consiguió con ello.
Una inversión en infraestructura adquiere verdadero sentido cuando acerca oportunidades a las comunidades. El fortalecimiento de las finanzas públicas cobra relevancia al traducirse en servicios de calidad. Una política turística demuestra su alcance cuando genera prosperidad para las familias que preservan la identidad y el patrimonio de sus pueblos.
Reconocer los avances alcanzados en Hidalgo e identificar los pendientes son responsabilidades complementarias. El reconocimiento no excluye el escrutinio, como tampoco la exigencia debe confundirse con confrontación. Una evaluación responsable requiere objetividad para distinguir los resultados de las expectativas.
Una dependencia puede presentar cifras impecables y acreditar el cumplimiento de sus metas administrativas. Pero una respuesta técnicamente correcta no siempre permite saber si la política pública resolvió el problema que justificó su creación. Esa es la pregunta que debe trascender el recinto legislativo y encontrar respuesta en la realidad de las comunidades.
La función legislativa tampoco se agota en la creación de normas. Comprende examinar las decisiones públicas, identificar las condiciones que limitan su eficacia y contribuir a que las instituciones respondan a las necesidades sociales. De poco sirve perfeccionar el marco jurídico si sus disposiciones permanecen ajenas a la realidad que pretenden transformar.
La glosa no tendría que concluir con la última comparecencia. Su verdadera utilidad debería comenzar precisamente ahí, cuando las respuestas se convierten en insumos para el presupuesto, las observaciones encuentran seguimiento y el Congreso puede determinar qué disposiciones necesitan actualizarse. De otra manera, habremos cumplido con el procedimiento sin aprovechar plenamente su sentido constitucional.
Un presupuesto no es simplemente un documento financiero. Refleja las prioridades del Estado y, en buena medida, el futuro que aspira a construir. Su análisis requiere algo más que revisar montos y porcentajes. Exige conocer qué intervenciones funcionan, cuáles necesitan ajustes y dónde puede generarse un mayor beneficio colectivo.
Colaborar entre poderes no significa renunciar a la autonomía, así como ejercer el control parlamentario no supone obstaculizar la función de gobierno. El diálogo institucional adquiere valor cuando permite transformar la información en mejores decisiones.