Una vez que la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto federal, empieza la parte que una familia puede medir en su día a día. En una colonia donde un parque o una unidad deportiva se mantiene iluminada y en buenas condiciones, la primera señal es que los vecinos vuelven a apropiarse del espacio y las familias ahorran en traslados o actividades recreativas fuera de su comunidad. Ese beneficio, que rara vez figura en el expediente de construcción de una obra, ayuda a entender por qué importa una decisión que se toma mucho antes de cortar el listón inaugural. Alguien tuvo que calcular cuánto costaría operar y dar mantenimiento a ese espacio y acordar quién se haría cargo.
Cada año, al discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación, una forma de hacer rendir los recursos es incorporar el costo de prestar el servicio y conservar la infraestructura desde que se decide financiar la obra. Desde un congreso local se ve con claridad lo que está en juego. Un municipio puede conseguir recursos federales para construir un centro comunitario o rehabilitar una plaza y contar después con ingresos apenas suficientes para cubrir la limpieza o el pago de la energía eléctrica. Si participa desde el diseño, puede ajustar el proyecto y sumar esfuerzos con el estado para asegurar el respaldo que hará viable y duradera la inversión.
Esa participación tiene un fundamento claro en la ley. El artículo 115 de la Constitución federal pone servicios como el alumbrado público, parques y jardines a cargo de los municipios, y el 26 establece el marco para la planeación democrática del desarrollo. Las obras que dependan de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno deberían llegar a la discusión presupuestaria con un acuerdo que precise cuánto aportará cada uno, quién operará la infraestructura y qué impacto social se espera. En un espacio público o de servicios comunitarios, la meta debería establecer cuántas familias serán beneficiadas y bajo qué condiciones de operación continua. Es la información que un ayuntamiento necesita para calcular el costo real del servicio y que la Cámara necesitará después para evaluar la eficacia del gasto.
El artículo 134 de la Constitución federal ordena evaluar los resultados del gasto para orientar las asignaciones. Con la meta de impacto social a la vista, un mismo informe financiero puede conducir a decisiones distintas. Dos municipios pueden haber ejercido la totalidad de sus recursos. Si en uno la infraestructura ya construida requiere equipamiento o rehabilitación para operar a su máxima capacidad, conviene consolidar su funcionamiento antes de abrir nuevos frentes. Si en el otro los espacios funcionan con regularidad y existen colonias que aún carecen de ellos, ampliar la cobertura será la mejor inversión. El dato que debe mover la siguiente asignación es el beneficio tangible en la comunidad. La Federación, los estados y los municipios pueden hacer rendir mejor cada inversión compartida si acuerdan desde el proyecto quién sostendrá el servicio y con qué recursos lo mantendrá activo. A la Cámara le corresponde revisar si esa coordinación se tradujo en una mejora que las familias puedan reconocer. En una colonia que recupera sus espacios públicos e iluminación, ese beneficio se nota el día en que niños y adultos mayores pueden convivir con tranquilidad al caer la tarde. Entre la aprobación de recursos y ese cambio en la vida cotidiana se juega el verdadero valor de la inversión. Por eso el presupuesto empieza después del voto.