En México tenemos una reacción casi automática frente a los asuntos públicos: modificar la ley. Si el tema escala, aparece una iniciativa; si ocupa la conversación nacional, no tarda en plantearse algún cambio de mayor alcance, incluso constitucional.
Es una manera inmediata de mostrar que algo se está haciendo. Aunque entre modificar una norma y resolver aquello que le dio origen existe una distancia considerable.
Durante el primer año de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados federal se recibieron 1,994 iniciativas. La cifra corresponde exclusivamente al ámbito federal, sin considerar la actividad de los 32 congresos locales. Más allá del volumen, el dato abre una discusión necesaria: durante años hemos medido buena parte de la productividad parlamentaria contando propuestas presentadas.
Es una referencia sencilla, pero insuficiente.
Presentar una iniciativa es sólo el punto de partida. Después vienen el diagnóstico, la revisión constitucional, el análisis de competencias, la técnica jurídica y la viabilidad presupuestal. Antes de modificar una disposición habría que responder algo todavía más elemental: si la solución que buscamos se encuentra realmente en la ley.
No siempre es así. En ocasiones el marco jurídico existe y lo que falla es su aplicación. En otras faltan recursos, coordinación entre autoridades o capacidad institucional. Podemos cambiar una disposición una y otra vez sin alterar las condiciones que impiden su cumplimiento.
También hay un costo detrás de cada decisión. Crear procedimientos, establecer obligaciones o asignar nuevas responsabilidades puede requerir presupuesto, personal, infraestructura y capacitación. Cuando una norma ordena algo que las instituciones no tienen capacidad material para cumplir, una buena intención puede terminar convertida en letra sin efectos.
Hay otra parte del proceso a la que prestamos todavía menos atención: lo que sucede después de la publicación. Dedicamos muchas horas a discutir cómo nace una norma y pocas a revisar qué ocurrió una vez que comenzó a aplicarse.
En técnica legislativa existe una herramienta particularmente útil: la evaluación ex post. Consiste en regresar, después de un periodo razonable, para conocer los resultados de una disposición. La OCDE ha insistido en su importancia y en su panorama regulatorio de 2025 advierte que en México este tipo de evaluaciones ha disminuido considerablemente, salvo en las regulaciones técnicas.
Deberíamos saber si una modificación cumplió su propósito, si pudo implementarse, qué recursos demandó y qué efectos produjo. Con esa información sería posible mantenerla, corregirla o, cuando corresponda, derogarla. Esto último también importa.
Nuestro sistema jurídico conserva disposiciones construidas para circunstancias económicas, sociales y tecnológicas muy distintas a las actuales. Aun así, seguimos asociando el trabajo parlamentario con agregar artículos, obligaciones, sanciones y procedimientos. Mejorar el marco jurídico también significa depurarlo.
Corregir tampoco tendría que entenderse como un fracaso político. Una institución capaz de revisar sus propias decisiones a partir de resultados es más responsable que aquella que conserva una disposición únicamente porque alguna vez la aprobó.
No se trata de dejar de actualizar las leyes. Una sociedad que cambia necesita instituciones capaces de acompañar esa transformación. Se trata de elevar el estándar: identificar con precisión qué queremos resolver, determinar si la vía normativa es la adecuada, anticipar sus implicaciones y revisar posteriormente sus resultados.
Eso también permitiría evaluar de otra manera a diputadas y diputados, tanto federales como locales. El número de asuntos presentados seguirá siendo un dato relevante, pero tendría que acompañarse de otros elementos: pertinencia, calidad de los dictámenes, consistencia jurídica, aplicación y resultados.
Quizá ésa sea una discusión que los poderes legislativos debemos asumir con mayor seriedad.
Porque una iniciativa puede mejorar una estadística y una reforma puede ocupar una gaceta. Lo importante comienza después: comprobar si aquello que aprobamos sirvió para resolver el problema que nos llevó a legislar.
Ahí debería estar la verdadera medida de una buena ley.