El 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en el que se pretende promover acciones para poner fin a la explotación de la niñez del mundo. La erradicación del trabajo infantil es una de las metas de la agenda para el desarrollo sostenible 2023 de las Naciones Unidas y representa un problema de múltiples dimensiones y factores de impacto; se cuenta como una de las formas de injusticia social que alimenta el ciclo de la pobreza, producto de las inequidades, la inseguridad económica, la exclusión social y la precariedad. También supone un riesgo que priva a la niñez de oportunidades para la educación.
Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos son aquellas que suceden de manera recurrente, que están dirigidas a un grupo de la población específica, que ocurren de manera histórica, que se reflejan en las instituciones y la macroestructura socioeconómica y política. El trabajo infantil ocurre de esa manera.
Los países en que la niñez se ha integrado a la fuerza laboral son aquellos en que las inequidades mundiales son más crudas. Según la ONU África ocupa el primer lugar con mayor porcentaje de niñez trabajando, siendo el 20 por ciento de dicha población, seguido de la región de Asia y el Pacífico con el 7 por ciento. En América es el 5 por ciento de la niñez que está en la misma situación. A nivel mundial, según la Organización Mundial del Trabajo, estiman que 160 millones de infancias están en situación de trabajo (la población estimada de nuestro país es de 126 millones), esto es, una de cada diez infancias del mundo se ven en obligación de trabajar; de quienes el 56 por ciento vive en países de ingresos medios y el 42 por ciento en países de ingresos bajos.
Las medidas propuestas de acción inmediata apuntan a garantizar el trabajo digno con prestaciones para las personas adultas y jóvenes que alcanzan la edad mínima para el empleo; cumplir con las condiciones necesarias para el goce del derecho a la educación de la niñez; erradicar y prevenir todas las formas de violencia contra la niñez; lograr el acceso universal a la protección social; establecer un marco jurídico sólido basado en las Normas Internacionales del Trabajo y el cumplimiento de los derechos humanos.