El siglo pasado agrupó varios cambios estructurales en cuanto a la salud y su acceso se trata; de tener un departamento consultivo, se migró a un modelo de beneficencia y luego al de asistencia para luego establecer una Secretaría en 1943.
Todo ello derivó en los diferentes sistemas que hoy componen el sector público entre los que se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud y otros tres sistemas que brindan atención a los gremios de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa (SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR). Todos ellos reciben contribuciones de gobierno, de los empleadores y de personas trabajadoras; así mismo, proveen servicios y productos a éstas últimas, así como sus familias y al sector jubilado.
Según el artículo 4° de la Constitución Política de México, la protección de la salud es un derecho de toda la población y dichos sistemas contribuyen a la garantía de éste.
Más allá de los temas de infraestructura y presupuesto, un aspecto de suma importancia para que cumplimiento de un sistema público de salud es el personal. En todo el país, las diferentes unidades de atención médica son puestas en marcha gracias al trabajo de quienes laboran ahí; esto no se limita a profesionales de la medicina, sino también a quienes son responsables de tareas administrativas o, por ejemplo, enfermería, farmacia y por supuesto las altas direcciones.
Pese a ser un elemento central en la calidad de la atención, suele prestarse poca atención a las necesidades de dicho personal en cuanto a la formación continua y a los procesos de retroalimentación de la relación con las personas usuarias. El trato digno en la prestación de servicios de salud es indispensable para asegurar la salud como un derecho en absolutamente todos los sistemas.
Un tema que requiere observación y trabajo es, entonces, el del fortalecimiento de las aptitudes en la atención a la población en los servicios de salud.