La noción de espacio público en las culturas de origen anglosajón se ajusta más a los espacios comunes que en la nuestra. En algunos países europeos, en Australia, en Estados Unidos y en el Reino Unido, los espacios urbanos abiertos se administran, regulan y protegen como bienes de la comunidad. Por estos motivos, toda actividad que requiera de cierta permanencia en dichos espacios, como el comercio ambulante, los eventos festivos y la publicidad exterior requieren de aprobación de los ayuntamientos y es vigilada estrechamente por las autoridades. En México existe un doble orden, por una parte está la gestión gubernamental de las ciudades, que exige requisitos y permisos estrictos para la ocupación de los espacios comunes urbanos y por el otro este orden convive con mecanismos informales mediante los cuales se regula su uso respondiendo a dinámicas contingentes y tácitas. Muchos académicos y funcionarios públicos mexicanos han estudiado posgrados en los países extranjeros antes mencionados, por ello el punto de vista oficial frente a los espacios comunes tiende a coincidir más con la definición anglosajona que con la nuestra.
De cualquier modo, ya sea de manera legal o ilegal el espacio urbano en nuestras metrópolis se mantiene como el territorio de lucha de las fuerzas sociales que buscan todas ellas maximizar sus agendas y que mediante los acuerdos que establecen entre sí y con las autoridades, consiguen utilizar lo mejor posible lo que es de la comunidad. La planificación y el orden legal son fundamentales para un uso justo y equilibrado de la ciudad, pero son inseparables de los acuerdos interpersonales. Si observamos de ese modo el fenómeno urbano, veremos que son las contingencias las que dan más vida a lo público, aunque aparentemente sean caóticas.
Múltiples respuestas
¿Cómo se concibe el espacio público? ¿Qué criterios lo organizan? ¿Cómo se normalizan las interacciones sociales en los espacios comunes? Estas tres preguntas son indudablemente interesantes, sin embargo, no tienen respuestas únicas.