La privatización extrema del desarrollo de la infraestructura urbana es un fenómeno que ha ocupado un papel central en los debates entre expertos en urbanismo y territorio durante las últimas tres décadas. Durante este periodo, el Estado se ha apartado de la producción de vivienda popular y de los equipamientos para la salud, la educación y el deporte, entre otras actividades en las que antes intervenía directamente.
El control del consumo colectivo ejercido por corporaciones privadas lucrativas provocó que lo urbano se desligara de la reproducción de los medios de producción y del trabajo manual asalariado. Este fenómeno inició en Reino Unido y
Estados Unidos y se extendió rápidamente a casi todos los demás países a escala global con resultados muy benéficos para las clases dominantes minoritarias y a la vez muy perjudiciales para el resto de la población.
El modo actual de concebir el bienestar urbano está condicionado al mercado y esto solo se puede detener mediante la revuelta popular. Esto ha convertido al espacio urbano en un campo de lucha social, en el que las personas que carecen de los recursos económicos suficientes para integrarse a la cadena del consumo, se ven forzadas a disputar espacios para satisfacer sus necesidades básicas, en la mayoría de los casos mediante el uso de la violencia.
El Estado debe recuperar protagonismo en la búsqueda del bien común de todos los
ciudadanos, administrando la ocupación, la seguridad y el acceso más amplio de su población desfavorecida a los elementos necesarios para su bienestar integral, sin que estos sean solo accesibles a través del aumento de su poder adquisitivo.
TANGENTESistema económico
Las grandes ciudades en todo el mundo atraviesan momentos muy tensos y dramáticos. Son escenarios de luchas populares y represión estatal desmedida debido a la enorme marginalización que nuestro sistema económico ha propiciado. Las metrópolis del futuro deberán encontrar otros modos de organización social y económica para ser capaces de sobrevivir.