La confrontación no es una forma de resolver los problemas. Lo ocurrido con Pablo Lemus durante su visita al ITESO, donde estudiantes lo increparon por la crisis del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, abre una discusión que va más allá de las acciones del gobernador: ¿realmente queremos respuestas o solamente queremos encontrar a alguien a quien culpar?
Los estudiantes están en todo su derecho de cuestionar a sus gobernantes. La protesta, la exigencia y la crítica son expresiones legítimas de la vida pública. Ningún político merece aplausos por cumplir con sus obligaciones, por más buenas que sean sus decisiones. Tampoco merece una defensa incondicional. Quienes ocupan cargos públicos son servidores del Estado y tienen la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía. Sin embargo, exigir respuestas y propiciar una confrontación son cosas distintas. Cuando el reclamo se convierte en un intercambio de gritos, la posibilidad de construir un diálogo se reduce y el cuestionamiento corre el riesgo de convertirse en un acto meramente simbólico.
Si el objetivo de los estudiantes era obtener explicaciones, conocer las acciones que emprenderá el gobierno y exigir compromisos concretos, tenían frente a ellos una oportunidad para hacerlo. No se trataba de evitar las preguntas incómodas, sino de plantearlas de tal manera que obligaran al mandatario a responder. ¿Qué garantías existen de que las obras hidráulicas se concluirán en los plazos establecidos? ¿Qué mecanismos de supervisión habrá para asegurar que los recursos se utilicen correctamente? ¿Qué compromisos puede asumir el gobierno para evitar que las medidas de abastecimiento temporal se conviertan en una solución permanente? ¿Cuál es la postura del gobernador ante la participación privada en la gestión del agua y qué garantías existen para proteger el acceso público a este recurso? Esos son cuestionamientos que pueden traducirse en compromisos verificables, no solamente en un momento de tensión frente a las cámaras.
La crisis del agua, sin embargo, no puede analizarse desde la simplificación de responsabilizar por completo a quien ocupa hoy el Poder Ejecutivo estatal. El problema no nació hace dos años, ni comenzó con Pablo Lemus, ni puede atribuirse exclusivamente a las administraciones de Enrique Alfaro, Aristóteles Sandoval o los gobiernos anteriores. Se trata de una problemática acumulada durante décadas, en la que confluyen decisiones políticas, deficiencias en la planeación urbana, infraestructura insuficiente, crecimiento demográfico y una gestión deficiente de los recursos hídricos. También existe una responsabilidad social en el cuidado del agua, aunque esta no debe utilizarse para diluir las obligaciones de las autoridades ni para equiparar el poder de decisión de la ciudadanía con el de quienes administran los servicios públicos.
El Área Metropolitana de Guadalajara creció hasta convertirse en una enorme concentración urbana sin que la infraestructura y la planeación avanzaran siempre al mismo ritmo. Los municipios se expandieron, las necesidades aumentaron y los sistemas hidráulicos y de drenaje quedaron sometidos a una presión cada vez mayor. Las consecuencias están a la vista: zonas que se inundan, redes que requieren atención y comunidades que enfrentan problemas de abastecimiento. La crisis actual no puede entenderse sin considerar esa historia, porque los problemas estructurales rara vez tienen una sola causa y mucho menos una solución inmediata.
En el caso particular del canal de Las Pintas, ubicado en San Pedro Tlaquepaque, también es necesario distinguir entre la responsabilidad histórica y la responsabilidad de atender el problema. Que Pablo Lemus no haya tenido injerencia directa en ese municipio durante buena parte de su trayectoria política no lo exime de responder por las decisiones que tome ahora como gobernador. Pero tampoco convierte su llegada al cargo en el origen de una crisis que requiere un análisis mucho más amplio. La responsabilidad de resolver un problema no equivale a ser el único responsable de haberlo provocado.
Esta distinción es fundamental porque reconocer el origen de una crisis no significa absolver a quienes deben atenderla. Lemus tiene la obligación de explicar qué está haciendo su gobierno, qué resultados espera alcanzar y qué ocurrirá si las medidas anunciadas no funcionan. La ciudadanía no tiene por qué conformarse con promesas ni con explicaciones técnicas que no se traduzcan en mejoras tangibles. Pero, para exigir resultados, también es necesario entender qué está pasando, qué decisiones condujeron a la situación actual y cuáles son las alternativas reales.
Por eso resulta cuestionable que, durante el encuentro en el ITESO, algunos estudiantes recurrieran a afirmaciones y acusaciones que, en lugar de abrir una discusión, parecían partir de conclusiones previamente establecidas. Una pregunta no se vuelve un cuestionamiento sólido por formularse frente a un funcionario público. Para exigir cuentas también hace falta investigar, contrastar información y distinguir entre los hechos comprobados, las sospechas y las opiniones. De lo contrario, la confrontación puede terminar sustituyendo aquello que debería fortalecer: la participación ciudadana informada.
Ser estudiante universitario tampoco convierte a nadie en una autoridad automática sobre los problemas públicos, ni otorga una condición especial que vuelva incuestionables sus argumentos. La formación académica debería ser, precisamente, una herramienta para investigar, analizar y construir preguntas más profundas. Y esto es todavía más importante en una universidad, donde el debate tendría que ser un ejercicio para confrontar ideas con argumentos, no únicamente para manifestar inconformidad.
El problema no es que los jóvenes cuestionen al gobernador. Al contrario, una sociedad en la que los estudiantes se involucran en los asuntos públicos es una sociedad que mantiene viva su capacidad crítica. El problema aparece cuando se confunde la participación con la confrontación y se considera que elevar la voz es suficiente para cumplir con la responsabilidad de exigir respuestas. Protestar puede visibilizar una demanda, pero no sustituye el seguimiento de los compromisos ni la evaluación de los resultados.
Tampoco se trata de exigir que la ciudadanía mantenga siempre las formas o de pretender que los gobernantes merecen un trato cómodo. Hay momentos en los que la indignación es comprensible y la protesta resulta necesaria. Pero, si un mandatario se encuentra dispuesto a escuchar, permanecer en el lugar y responder preguntas, desperdiciar esa oportunidad en un intercambio de gritos puede terminar favoreciendo al propio funcionario, porque la discusión se desplaza de las decisiones gubernamentales hacia las formas de la protesta.
La rendición de cuentas no termina cuando un político responde una pregunta frente a una cámara. Comienza cuando sus declaraciones se convierten en compromisos, cuando esos compromisos tienen plazos y responsables, y cuando la ciudadanía cuenta con herramientas para verificar su cumplimiento. En una crisis como la del agua, lo verdaderamente importante es saber qué obras se realizarán, cuánto costarán, cuándo estarán listas, quién supervisará su ejecución y qué sucederá con las familias que hoy enfrentan las consecuencias de una infraestructura insuficiente.
No se trata de defender a Pablo Lemus ni de desacreditar a los estudiantes del ITESO. Se trata de entender que ninguna de esas dos posturas, por sí sola, resuelve la crisis. Ni el linchamiento político sustituye el análisis, ni la explicación histórica elimina la responsabilidad del gobierno en turno. Una ciudadanía crítica debe ser capaz de exigirle resultados al mandatario actual sin ignorar las decisiones acumuladas que nos llevaron hasta aquí.
El agua no entiende de partidos, administraciones ni disputas políticas. Las familias que abren la llave y no reciben el servicio necesitan soluciones, no un intercambio de acusaciones que termine convertido en contenido para las redes sociales. Y si los estudiantes tuvieron frente a ellos la oportunidad de cuestionar directamente al gobernador, lo más valioso habría sido aprovecharla para obtener respuestas concretas y compromisos públicos.
Se avecina la megamanifestación de este domingo y la pregunta queda en el aire: ¿la protesta estará enfocada en exigir soluciones o en señalar a Pablo Lemus como único responsable? La crisis también obliga a revisar el papel de las autoridades federales, locales y las instituciones en las que se reparte la responsabilidad. El riesgo es que la exigencia ciudadana termine convertida en una confrontación política que reduzca un problema complejo a la cacería política de un solo culpable.
Porque cuestionar al poder es indispensable en una democracia, pero hacerlo con rigor es lo que convierte la inconformidad en una herramienta de cambio. No necesitamos políticos a quienes seguir ciegamente ni estudiantes a quienes aplaudir por confrontarlos. Necesitamos ciudadanos capaces de preguntar, autoridades obligadas a responder y una sociedad que no permita que una crisis tan importante como la del agua se pierda entre la estridencia de la confrontación y la comodidad de buscar un solo culpable.