Segunda vertiente: eliminar intermediarios entre gobierno y ciudadanía. De 2019 a 2024, AMLO rediseñó el modelo de política social mediante los programas sociales con transferencias directas a la gente y dejó fuera la intermediación de las OSC.
De esta manera, centralizó la operación de dichos programas en el Estado. Y redujo las capacidades operativas y el alcance territorial de las OSC.
Tercera vertiente: deslegitimar simbólicamente el poder y aportación de las OSC. Desde “las mañaneras”, AMLO polarizó el espacio cívico de las OSC para erosionar la confianza y credibilidad pública en ellas.
Las acusó de ser “simuladoras”, “corruptas”, “conservadoras”, “neoliberales” y “adversarias políticas”.
En su narrativa antagónica, privilegió al “pueblo” versus “la ciudadanía” cómo la categoría dominante ligada a la 4T.
Cuarta vertiente: recentralizar el control de los programas sociales sin participación de las OSC (en consejos ciudadanos o mecanismos participativos): AMLO desapareció los esquemas de gobernanza colaborativa con las OSC.
De esta manera, difuminó el modelo de la OSC para afirmar el modelo centralizado del Estado.
Y quinta vertiente: ejercer una mayor presión fiscal mediante el SAT a las donatarias de las OSC con el objetivo de incrementar su costo de operación y desincentivar la crítica organizada.
En esencia, la 4T busca, bajo criterios autoritarios, centralizar el poder público dentro del Ejecutivo; eliminar la intermediación social de las OSC y redefinir el principio de legitimidad técnica y de incidencia social por uno político electoral para fortalecer la construcción del segundo piso de la transformación.
La pregunta: ¿Iniciaron ya las OSC vigentes un proceso de reflexión autocrítica para reinventarse a la luz de esta embestida estatal de corte autoritario que busca desaparecerlas?
O, pensarán que con patear el bote que porta la inscripción “aquí no pasa nada” es suficiente.
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