En política, la congruencia no se proclama: se demuestra. Por eso resulta legítimo preguntar cómo una mujer que ha construido prácticamente toda su trayectoria en cargos públicos, como Carolina Viggiano Austria, puede aparecer vinculada a un patrimonio inmobiliario cuyo valor reportado parece tan distante de los ingresos salariales que se le han atribuido.
Las estimaciones periodísticas disponibles permiten dimensionar el cuestionamiento. Por un lado, se ha calculado en aproximadamente 12.6 millones de pesos una parte de sus percepciones acumuladas en distintos cargos públicos hasta 2022. Por otro, las propiedades que se le han relacionado públicamente, entre ellas una residencia en Lomas de Chapultepec, valuada en más de 40 millones, y otra en el Club de Golf de Pachuca, estimada en alrededor de 30 millones, representarían conjuntamente más de 70 millones de pesos.
No se trata de una auditoría patrimonial ni de una prueba de enriquecimiento ilícito. Faltan conocer con precisión la titularidad de los inmuebles, las deudas, los ingresos adicionales, los costos de construcción y las operaciones que pudieran explicar su adquisición. Pero precisamente por eso las preguntas son indispensables: ¿de dónde provienen los recursos?, ¿cuál ha sido la evolución real de su patrimonio?, ¿existe correspondencia entre sus ingresos comprobables y los bienes que se le atribuyen?
La transparencia no puede ser una exigencia exclusiva para los adversarios. Mucho menos cuando quien señala a otros pretende colocarse en una posición de superioridad moral. Viggiano ha sido particularmente crítica de Morena y de sus representantes, pero antes de erigirse en fiscal de la honestidad ajena debería contribuir a despejar las dudas que rodean su propia situación patrimonial.
La incongruencia política se vuelve todavía más evidente cuando recordamos la elección de 2022 en Hidalgo. Durante aquella campaña, quienes participamos en el proyecto del entonces candidato, Julio Menchaca recibimos, en numerosos casos, mensajes intimidatorios en nuestros teléfonos. Algunos eran genéricos, sin dejar de ser altamente soeces y amedrentadores; otros contenían, como el que entonces recibí, con nombre y apellido, amenazas a mí y mi familia en nuestra integridad y vida, si continuaba respaldando aquella candidatura. Los remitentes se identificaban supuestamente con una organización criminal de 4 letras , de lo cual era evidente que no eran ellos, aunque sí otros criminales.
No tengo elementos concretos para atribuir la autoría de esas amenazas a Carolina Viggiano ni para afirmar que ella o su equipo las ordenaran. Hacerlo sin pruebas sería irresponsable. Sin embargo, permanece una pregunta política que merece memoria y esclarecimiento: ¿quién habría resultado beneficiado si el miedo conseguía debilitar la participación de quienes respaldábamos a Menchaca? ¿Qué intereses estaban en juego en una contienda donde la candidata opositora contaba con recursos económicos y apoyos políticos considerables, entre ellos los de personajes también muy oscuros y cuestionados por su patrimonio?
No acuso; pregunto. Y en democracia, preguntar no debería ser delito ni motivo de intimidación.
La izquierda no puede conformarse con cambiar de nombres a quienes ejercen el poder. Debe defender una ética pública que obligue a todos a rendir cuentas, sin privilegios partidistas ni condenas anticipadas. Pero esa exigencia pierde credibilidad cuando quienes han vivido del presupuesto durante décadas pretenden monopolizar la autoridad moral y repartir certificados de corrupción según la conveniencia electoral.
Carolina Viggiano tiene derecho a la presunción de inocencia. La ciudadanía, por su parte, tiene derecho a explicaciones claras.
Por ello la señora Carolina debe entender que la honestidad no se acredita atacando al adversario. Se acredita demostrando, con documentos y cuentas transparentes, que el patrimonio personal tiene un origen legítimo; especialmente cuando las cifras parecen no cuadrar, es de vital importancia que la ciudadanía valore los perfiles y trayectorias políticas reales de quienes pretenden seguir representando al menos a lo que queda de un partido tan desprestigiado como el PRI pero que lucha por seguir viviendo de prerrogativas que paga el pueblo al que tanto traicionaron.