Hay momentos en que una política migratoria deja de ser solamente una política migratoria y se convierte en una cuestión de soberanía. Eso está ocurriendo ahora.
Estados Unidos ha comenzado a deportar mexicanos a terceros países antes de enviarlos a México. Guatemala confirmó que ha recibido más de 2 mil 200 connacionales en lo que va de 2026, a los que se suman mexicanos enviados a Honduras y Costa Rica. En total, son más de 2 mil 600 personas que, después de ser expulsadas de Estados Unidos, terminan realizando un tortuoso recorrido adicional por territorio extranjero antes de llegar a su propio país.
La respuesta del gobierno mexicano ha sido clara: no comparte esta práctica y ha transmitido formalmente a Washington su rechazo. La Secretaría de Relaciones Exteriores realiza gestiones para garantizar que los mexicanos deportados puedan retornar de manera segura y digna a territorio nacional.
Aquí está el punto de fondo: México no está cuestionando el derecho de Estados Unidos a aplicar sus propias leyes migratorias. Está defendiendo algo distinto y fundamental: que la deportación de un mexicano no debe convertirse en una herramienta de presión ni en un mecanismo para alejarlo todavía más de su país de origen.
Mientras Estados Unidos endurece su política migratoria, México ha comenzado a responder con instrumentos jurídicos y diplomáticos más firmes. La Cancillería presentó 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado por la muerte de 17 mexicanos en operativos o bajo custodia del ICE, además de remitir una denuncia al Departamento de Justicia estadounidense y solicitar la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tal y como lo consignamos la semana pasada en este mismo espacio.
No se trata de afirmar que esas acciones ya produjeron justicia. Las investigaciones continúan y las responsabilidades, en su caso, tendrán que determinarse conforme a derecho. Pero sí existe un cambio de fondo: México está dejando atrás la época en que la protección de sus migrantes terminaba en una nota diplomática.
Para Hidalgo, esta discusión tiene una dimensión todavía más cercana. Hasta ahora, oficialmente la entidad no ha recibido del Instituto Nacional de Migración un reporte que permita confirmar que haya hidalguenses entre los más de 2 mil 600 mexicanos enviados a Centroamérica. Sin embargo, ello no significa que no existan casos. No sería extraño que algunos paisanos hayan atravesado esta situación sin acercarse al Gobierno del Estado, ya sea por temor, desconocimiento o porque lograron continuar por sus propios medios hacia México.
Nuestra relación con Estados Unidos no se explica únicamente por las remesas. Se explica por cientos de miles de historias familiares y comunidades enteras de hidalguenses que han construido su vida al otro lado de la frontera sin dejar de pertenecer a México.
Por eso, la defensa de nuestros migrantes no es retórica nacionalista. Es responsabilidad de Estado.
Un mexicano puede cruzar la frontera, pero no pierde sus derechos al hacerlo y cuando Estados Unidos decide expulsarlo, México tiene todo el derecho —y la obligación— de decirlo con claridad:
México no es sala de espera. México es su país.