Está claro que la Presidenta quiere que crezca la inversión privada, tanto la nacional como la extranjera; igualmente está proponiendo inversiones mixtas, es decir, aquellas en que participen el sector público y el privado. Hasta aquí todo suena bastante bien; sin embargo, del dicho al hecho hay un buen trecho.
Los buenos deseos de la Presidenta, me imagino, son producto de que ya se supo que la inversión es uno de los principales motores del crecimiento, y este último va en franca caída desde que entró López Obrador como presidente. En todo el sexenio pasado, la economía creció apenas 1 por ciento por año; después de la pandemia, que fue devastadora para México por el número de muertos y por la caída estrepitosa del PIB, la economía mexicana no ha podido levantar cabeza. Se vivió un rebote en 2021, y de ahí en adelante las cifras anuales han sido menores que las del año anterior, para terminar 2025 con un crecimiento de apenas 0.7 por ciento; para este año Banxico estima un PIB de 1.2 por ciento, o sea, seguimos entrampados en la mediocridad.
Dentro de los problemas que ocasionan tan malas cifras está el hecho de que con esos números se hace muy difícil —si no imposible— incrementar la recaudación, de ahí la agresividad del SAT para conseguir recursos, así como la realidad de ver que los ingresos no son suficientes para afrontar las graves y urgentes necesidades que enfrenta el país.
Se necesita dinero para combatir la inseguridad, pero también hay que atender los rezagos en infraestructura; requerimos más carreteras, puertos, agua, plantas generadoras de energía eléctrica y gas. Todos los componentes mencionados para que puedan crecer las inversiones actuales y florezcan nuevos proyectos, pero no hay dinero porque los ingresos públicos no pueden crecer si no hay inversión.
Los deseos de la Presidenta son genuinos, pero antes de que estos puedan ser realidades hay mucho trabajo político que hacer, y esto no está sucediendo. Es indispensable darle a México, a sus habitantes y a sus inversionistas certeza jurídica, la cual no existe, y con la muy mala reforma al poder judicial que se llevó a cabo, esto parece muy difícil de modificar. Basta ver la impericia e ignorancia de muchos ministros de la Corte, es una vergüenza ver cómo tratan los temas y la pobre capacidad de respuesta; para dar certeza jurídica hay que modificar muchas leyes, y no parece que haya voluntad política para dichos cambios.
El discurso positivo de la Presidenta muchas veces no está empatado con lo que dice la ley. ¿A quién le hacen caso los inversionistas? A las leyes o a la Presidenta. Lo anterior solo abona a la incertidumbre, y ésta a la inacción. Aplaudo las buenas intenciones presidenciales, pero para verlas convertidas en realidad hay un largo trabajo por hacer y, por desgracia, nadie se está abocando a crear las plataformas económicas y jurídicas para realmente influir a que grandes inversiones se lleven a cabo.