El periodo vacacional decembrino de 2025-2026 dejó un saldo trágico en las carreteras tamaulipecas: alrededor de 30 a 32 personas fallecidas y cerca de 90 a 110 accidentes viales reportados, según datos oficiales de la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Salud.
Fuentes como Hoy Tamaulipas y Reforma coinciden en que, solo del 1 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, se registraron decenas de percances con un impacto devastador en familias enteras.
Y, aunque aparentemente las autoridades han reforzado campañas contra el exceso de velocidad y promovido medidas para motociclistas, la pregunta que impera es si es suficiente ya que la responsabilidad principal recae en el Estado, quien ha fallado sistemáticamente en prevenir estas tragedias evitables.
Es cierto que el “factor humano” —exceso de velocidad, distracciones o consumo de alcohol— es señalado como causa principal por funcionarios como Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador de Protección Civil. Sin embargo, culpar exclusivamente a los conductores evade el rol protagonista del gobierno en crear condiciones seguras. Las carreteras federales y estatales de Tamaulipas llevan años en condiciones precarias: falta de modernización, señalización deficiente y tramos peligrosos como Victoria-Zaragoza o Victoria-Monterrey, donde los choques frontales y volcaduras son recurrentes.
Medios como El Mercurio de Tamaulipas y Reforma han denunciado que el mal estado de las rutas y la ausencia de separación entre tráfico ligero y pesado contribuyen directamente a la siniestralidad. ¿Por qué, entonces, las autoridades no han actuado con mayor urgencia?
Aunque se anuncian proyectos ambiciosos, como el Corredor Golfo Norte con una inversión proyectada de hasta 40 mil millones de pesos para ampliar carriles y reducir accidentes, estos planes continúan estando cien por ciento enfocados en incentivar el uso del automóvil.
Las Estaciones Seguras y operativos como Invierno Seguro son paliativos, no soluciones estructurales. En el caso de los motociclistas, el problema es aún más alarmante. La Secretaría de Salud ha impulsado campañas como “Lleguemos a Salvo” y distribución de cascos, reconociendo el aumento en el uso de motos como transporte y herramienta laboral.