En Victoria hablamos mucho de obras, pero muy poco de derechos urbanos. Tener espacios públicos seguros, accesibles y bien mantenidos no es un lujo ni un proyecto que se ejecuta “cuando haya presupuesto”: es una condición esencial del derecho a la ciudad. Si una persona no puede ejercitarse sin riesgo, caminar sin obstáculos o convivir en áreas abiertas en condiciones adecuadas, la ciudad está fallando en lo más básico: ofrecer calidad de vida mediante infraestructura común.
El área de ejercicios junto al estadio «Marte R. Gómez» es un ejemplo claro de este problema. Las barras de calistenia, utilizadas a diario por personas de distintas edades para entrenar al aire libre, llevan más de un año deterioradas. Según los usuarios, los reportes ya habían sido presentados, pero la respuesta recurrente fue que “no hay presupuesto”.
Hace meses atrás, la caída de un árbol seco dañó la estructura principal y desde entonces el espacio quedó inutilizable. En una ciudad que ya cuenta con pocos lugares para la activación física, perder uno más no es un incidente menor: es la consecuencia directa de la falta de mantenimiento y de la omisión institucional.
Frente a la inacción, la ciudadanía tuvo que reaccionar. Dos vecinos iniciaron una recolección de firmas para exigir la rehabilitación adecuada de las instalaciones. Posteriormente, un grupo acudió a limpiar por su cuenta el área. Que los usuarios asuman este tipo de tareas habla de un alto nivel de compromiso comunitario, pero también revela un hecho preocupante: la comunidad está cubriendo responsabilidades operativas que corresponden directamente a la autoridad.
Y no es el único caso. Ciclistas que entrenan en la pista del planetario señalan que deben hacerlo entre animales sueltos, personas que caminan sin ninguna señalización y obstáculos derivados de la falta de mantenimiento. Ellos mismos se han encargado de chapolear y mantener la pista utilizable. Cuando la infraestructura depende del esfuerzo individual para mantenerse funcional, deja de ser verdaderamente pública y pierde su esencia como bien común.
Hablar de espacios deportivos no se limita al ejercicio. Son elementos esenciales del desarrollo urbano, pues facilitan la prevención de enfermedades, fomentan la salud física y mental, fortalecen la cohesión social y permiten la convivencia intergeneracional. Un área bien diseñada y correctamente mantenida es un mecanismo de salud preventiva y un punto de encuentro comunitario. Por el contrario, una estructura deteriorada representa riesgos físicos y desincentiva el uso del espacio público.
Es por ello que las autoridades locales deben intervenir de manera inmediata y con una visión técnica, pues no se trata de aplicar soluciones temporales o apenas cosméticas, sino de garantizar instalaciones seguras y funcionales con criterios de planeación y mantenimiento a largo plazo. Pero para ello, es indispensable establecer programas preventivos que eviten que los espacios lleguen a niveles críticos de deterioro, así como mecanismos de participación ciudadana que sirvan para detectar fallas, no para sustituir el trabajo del gobierno.
Un espacio público de calidad es aquel que permite ser usado con seguridad, eficiencia y dignidad. La infraestructura urbana no debe depender de voluntades individuales ni de esfuerzos aislados; su conservación es una obligación institucional. Hoy la ciudadanía está asumiendo la carga de mantener estos espacios activos, cuando el papel del gobierno debería ser justamente garantizar las condiciones adecuadas para que existan.