El reciente periodo electoral en México ha sido una etapa de gran turbulencia y violencia sin precedentes. La contienda electoral, que debería ser un ejercicio democrático pacífico, se ha convertido en un escenario de muerte y terror.
Con al menos 34 aspirantes y candidatos asesinados, este ciclo electoral se ha consagrado como el más sangriento en la historia contemporánea del país. La gravedad de estos hechos nos obliga a reflexionar sobre las causas y consecuencias de la violencia política y el estado de nuestra democracia.
De acuerdo con el recuento de actos de violencia realizado por la consultora Integralia, las entidades más afectadas son Chiapas, con ocho asesinatos; Guerrero, con seis; y Michoacán, con cuatro. Estos números no solo representan estadísticas, sino tragedias humanas y familiares que reflejan la cruda realidad de la política en México.
Hasta el 1 de mayo, se habían registrado 29 asesinatos de aspirantes o candidatos a puestos de elección popular, distribuidos entre diversos partidos, con Morena encabezando la lista con 14 víctimas. Las cifras son escalofriantes: al 26 de mayo, se habían contabilizado 316 agresiones con 749 víctimas, incluyendo 231 asesinatos.
Estas agresiones incluyen atentados con armas de fuego, secuestros, desapariciones y amenazas, dirigidas no solo a los actores políticos, sino también a sus familiares y allegados. La violencia no discrimina y se ensaña con quienes osan desafiar el statu quo, amedrentando y silenciando voces críticas.
El incremento de la violencia política es alarmante. Comparado con el proceso electoral 2020-2021, donde se registraron 299 víctimas, este ciclo ha visto un aumento del 150.5%. Las cifras históricas muestran un ascenso constante, con solo 24 víctimas en el periodo 2017-2018. Puebla, Chiapas y Guerrero son las entidades con más víctimas, lo que subraya la geografía de la violencia y la inseguridad electoral.
Esta espiral de violencia está impulsada en gran medida por la intervención del crimen organizado, que busca controlar el poder político para proteger y expandir sus intereses ilícitos. La presencia de mercados ilegales, como la extorsión y el tráfico de migrantes, agrava la situación.
El programa de protección a candidatos del gobierno federal ha demostrado ser insuficiente, ya que no aborda adecuadamente las complejas dinámicas de control territorial. Entre los episodios más recientes de violencia, destaca el asesinato de Ricardo Arizmendi Reynoso, candidato suplente a presidente municipal de Cuautla, Morelos, el 28 de mayo. Ese mismo día, Gilberto Palomar, candidato de Morena a la alcaldía de Encarnación de Díaz, Jalisco, fue agredido a balazos en su casa de campaña.
La lista de incidentes continúa con ataques a equipos de campaña, secuestros e intentos de asesinato, creando un clima de miedo e incertidumbre. La situación es particularmente grave en Chiapas, donde más de 500 personas declinaron ser candidatas debido a amenazas y preocupaciones por su seguridad. De estas, 29 declinaron explícitamente por amenazas. En Guerrero, Michoacán y otras regiones, la violencia ha forzado a candidatos a renunciar, dejando vacantes que podrían afectar la representatividad democrática.
Es crucial que los ciudadanos tomemos conciencia de la gravedad de esta situación y exijamos justicia. La impunidad perpetúa la violencia, y solo a través de la acción concertada podemos detener este ciclo pernicioso.
El próximo 2 de junio, México celebrará la elección más grande de su historia. Este es un momento decisivo para nuestra democracia; espero que el proceso electoral del domingo sea mucho más pacífico y todas y todos podamos ejercer nuestro voto de forma segura.