La temporada navideña, ese periodo de luces, reuniones familiares y celebraciones, se tiñe año tras año de un luto innecesario. En México, como en muchos países, las carreteras se convierten en escenarios de horror: accidentes viales que dejan familias destrozadas, sueños truncados y un saldo de muertes que podría evitarse.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en diciembre de 2024, los siniestros viales aumentaron un 15% respecto al año anterior, cobrándose más de 1,500 vidas solo en ese mes. ¿Hasta cuándo permitiremos que la alegría festiva se transforme en duelo colectivo?
Es hora de exigir a las autoridades que cumplan con su deber primordial: salvaguardar la vida de los ciudadanos. Esta columna es un llamado crítico a la acción inmediata, antes de que la Navidad de 2025 se convierta en otra estadística macabra.
La responsabilidad principal recae en el Estado. Las autoridades federales, estatales y municipales han fallado estrepitosamente en prevenir estos desastres. ¿Dónde están las políticas públicas enfocadas en priorizar a los usuarios de la vía pública para evitar que esto siga sucediendo?
En lugar de eso, vemos operativos esporádicos, como los alcoholímetros que aparecen solo en fechas señaladas, pero que desaparecen cuando más se necesitan. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Policía Federal de Caminos parecen más ocupadas en burocracia que en patrullaje efectivo. Las carreteras mexicanas, plagadas de baches, y la falta de señalización suficiente, son trampas mortales que el gobierno ignora.
En esta temporada, con el aumento del tráfico por viajes vacacionales, la ausencia de un plan integral es criminal. Necesitamos más que promesas: urge un incremento en el número de agentes viales, la instalación de radares de velocidad en zonas de alto riesgo y alianzas con empresas de transporte para revisiones estrictas de vehículos. Si las autoridades no actúan con urgencia, serán cómplices de las muertes que se avecinan.
Pero no todo es culpa del Estado; el alcohol al volante es el villano principal: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 30% de los accidentes fatales en fiestas involucran ebriedad. Evitar conducir en estado de embriaguez no es una sugerencia, es una norma de supervivencia. Designar a un conductor sobrio, usar apps de transporte como Uber o DiDi, o simplemente quedarse en casa si se ha bebido, son medidas simples que salvan vidas.
Igualmente, el uso del cinturón de seguridad es innegociable. Estudios del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) indican que su omisión multiplica por cinco el riesgo de muerte en un choque. Padres de familia, ¿están asegurando a sus hijos en asientos especiales? Motociclistas, ¿usan casco homologado? Estas acciones individuales no eximen al gobierno de su rol, pero sí reducen el impacto de su negligencia.
Imaginemos una Navidad diferente: familias reunidas sin el temor a una llamada fatídica, carreteras seguras con presencia policial visible y conductores responsables que respetan límites de velocidad y señales. Mientras el Estado dilate su respuesta, los ciudadanos no debemos cruzarnos de brazos. Cumplamos con el reglamento, evitemos el alcohol al volante y usemos el cinturón siempre.
Pero exijamos cuentas: gobernadores, secretarios, presidentes municipales, ¿dónde está su plan para esta Navidad? Si no actúan, las muertes serán su legado. Que esta columna sea un recordatorio: la vida no espera, y la inacción mata. Hagamos de esta temporada un tiempo de paz, no de luto.