Hablar de seguridad vial en Tamaulipas ya no es una discusión técnica ni un problema “de tránsito”. Es, sin rodeos, un fracaso estructural de política pública que se mide en vidas perdidas, familias rotas y hospitales saturados. Los datos nacionales del Informe de Salud Pública sobre la Situación de la Seguridad Vial 2023–2024 confirman lo que en el estado se vive a diario: la movilidad se ha convertido en un factor de riesgo permanente.
Tamaulipas comparte —y en algunos casos amplifica— los peores vicios del modelo de movilidad mexicano. Calles pensadas para el automóvil, transporte público fragmentado y deficiente, infraestructura peatonal inexistente o simbólica, y un crecimiento acelerado del uso de motocicletas sin regulación ni protección real. El resultado es predecible: más siniestros, más lesionados graves y más muertes evitables.
El problema no es la imprudencia individual, como suele repetirse para evadir responsabilidades. El problema es sistémico. En ciudades como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico o Ciudad Victoria, la motocicleta se ha vuelto una solución informal a la falta de movilidad eficiente. Es barata, rápida y flexible, pero también extremadamente peligrosa cuando circula en vialidades diseñadas para vehículos pesados, sin carriles segregados, sin controles efectivos de velocidad y con una aplicación de la ley errática.
La infraestructura vial de Tamaulipas expone una contradicción constante: se invierte en ampliar avenidas, pero no en hacerlas seguras. Banquetas rotas o inexistentes, cruces sin señalización clara, iluminación deficiente y ausencia de ciclovías o carriles para motocicletas convierten cualquier traslado cotidiano en una apuesta. Caminar, cruzar una calle o trasladarse al trabajo implica asumir riesgos que un Estado funcional debería mitigar, no normalizar.
A esto se suma una débil cultura de seguridad vial reforzada por una fiscalización mínima. Cascos de mala calidad, exceso de pasajeros en motocicletas, menores de edad circulando sin protección, transporte de carga improvisado y velocidades incompatibles con zonas urbanas son escenas comunes. No porque la población lo ignore, sino porque el sistema permite que ocurra sin consecuencias reales.
El impacto ya no puede ocultarse: los hospitales públicos atienden cada vez más traumatismos severos, principalmente en jóvenes en edad productiva. Cada accidente no es solo una estadística, es un costo social acumulado: años de vida perdidos, discapacidad permanente y presión financiera sobre un sistema de salud ya frágil.
Tamaulipas necesita dejar de tratar la movilidad como un asunto secundario o meramente administrativo. Se requiere una estrategia integral: rediseño urbano con enfoque en seguridad, regulación estricta del uso de motocicletas, inversión en transporte público digno y campañas sostenidas que vayan acompañadas de aplicación real de la ley. No basta con exhortos ni operativos esporádicos.
Mientras la movilidad siga pensándose desde la inercia y no desde la vida, Tamaulipas seguirá pagando un precio demasiado alto por moverse. Y lo peor es que ese precio, hoy, es perfectamente evitable.