Todos los días, las y los policías de nuestro país atienden, en promedio, 22 mil 955 llamadas de emergencia. Sin embargo, esa cifra sólo considera los registros oficiales del servicio nacional de emergencias 911. A ellos se suman cientos, quizá miles, de atenciones derivadas de solicitudes directas, chats vecinales o encuentros fortuitos con la ciudadanía. De los llamados de auxilio, sólo la mitad corresponde a hechos delictivos. El resto son accidentes (en su mayoría de tránsito), emergencias médicas y de protección civil, problemas vecinales o denuncias por faltas administrativas.
Es decir, las y los policías atienden a la población ante robos y casos de violencia familiar, pero también cuando alguien choca su vehículo, en una inundación, ante un conflicto en vía pública o simplemente cuando alguien necesita indicaciones para llegar a una dirección. Todos los días son noticia en medios locales, policías que atendieron un parto o salvaron a una persona que intentaba arrojarse a un puente.
Casi de manera instintiva, lo primero que hacemos las personas ante una eventualidad es buscar una patrulla, ubicar a una persona vestida de azul o llamar a los números de emergencia esperando que lleguen a auxiliarnos.
Todo lo anterior, nos muestra que las y los 322 mil policías estatales y municipales que existen en nuestro país son, tal vez, las y los servidores públicos con mayor interacción con la ciudadanía. Son la representación material del Estado en la calle.
De ahí la importancia de que sí, las policías estén profesionalizadas y equipadas pero también de que sus integrantes estén bien pagados y de que tengan garantizadas prestaciones básicas como servicio médico, seguro de vida y plan de retiro. También significa tener reglas claras para su ingreso, ascenso y baja, así como para el reconocimiento de sus méritos y para sancionar su actuación con criterios objetivos.
Por ello, el desarrollo de las instituciones de seguridad y de quienes las integran ocupa un lugar central en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Si el segundo eje de esta estrategia es la consolidación de la Guardia Nacional, a nivel local, lo ha recalcado muchas veces la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, esto debe traducirse en un fortalecimiento de las instituciones de seguridad estatales y municipales.
Es por ello que, en estos dos años de gobierno, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por el maestro Omar García Harfuch, y a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han impulsado una serie de acciones que tienen precisamente el objetivo de que, para 2030, tengamos mejores instituciones policiales en nuestro país.
Un primer paso fue la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada por el Poder Legislativo en julio de 2025, que introduce nuevas obligaciones para todos los órdenes de gobierno en materia de seguridad pública y muy en especial para el fortalecimiento institucional. Mientras la anterior ley general le transfería prácticamente toda la responsabilidad a las personas integrantes de las instituciones para profesionalizarse, capacitarse, evaluarse y certificarse, en este nuevo ordenamiento jurídico la responsabilidad se coloca principalmente en los poderes ejecutivos y en las instituciones.
Derivado de esta nueva ley y de diversos acuerdos tomados en las tres sesiones que se han celebrado del Consejo Nacional de Seguridad Pública en esta administración, el Sistema Nacional de Seguridad Pública también ha desarrollado una serie de modelos y lineamientos que tienen como finalidad que las instituciones locales que tienen rezagos importantes tengan guías prácticas y concretas de cómo operar áreas y procesos de suma relevancia.
Entre estos destacan los lineamientos en materia de carrera policial y régimen disciplinario, que establecen criterios comunes para regular el ingreso, formación, evaluación, promoción, reconocimiento y permanencia de las y los policías, así como la atención de faltas y aplicación de sanciones. Además, se emitió el Modelo Operativo Homologado de Academias e Instancias de Profesionalización, que instaura las bases para homologar la formación policial y evaluar y certificar a las academias de todo el país; se llevó a cabo la actualización del Modelo de Unidades de Investigación y se publicó el Salario Digno Policial por estado, un esfuerzo en conjunto con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
A estos esfuerzos se suma la Academia Nacional de Seguridad Pública (también creada en la nueva ley general), cuyo objetivo es fortalecer la formación en inteligencia, investigación y mando a nivel nacional. Para fines de 2026, en su primer año de existencia, la academia habrá graduado a mil 81 agentes de investigación. Asimismo, se creó la Escuela de Mandos que suma a 130 participantes de instituciones federales, estatales y municipales formados en una nueva visión de liderazgo, servicio público y coordinación.
Estas acciones parten de una misma convicción: ofrecer mejores herramientas a quienes cuidan a la población; construir instituciones capaces de respaldar su trabajo y desarrollo y reconocer que, detrás de cada uniforme, hay una persona que decidió hacer de la protección de los demás su vocación y proyecto de vida. Acompañar esa decisión es fortalecer a nuestras instituciones y, con ellas, la seguridad de México.