Durante décadas, México ha defendido con firmeza el principio de soberanía.
La idea de que ningún país puede intervenir en asuntos internos ha sido un pilar de nuestra política exterior.
Sin embargo, el avance del crimen organizado ha colocado a México frente a un dilema que ya no puede resolverse con discursos diplomáticos: cuando las acciones de los cárteles afectan directamente la seguridad de otro país, el problema deja de ser únicamente doméstico.
Ese es precisamente el argumento que hoy domina la relación entre México y Estados Unidos.
Para Washington, el flujo de fentanilo y otras drogas sintéticas que cruzan la frontera representa una amenaza directa a su seguridad nacional.
En ese contexto, el presidente Donald Trump ha elevado el tono al calificar como “intolerable” la presunta relación entre autoridades mexicanas y organizaciones criminales, e incluso ha impulsado medidas como la designación de cárteles como organizaciones terroristas.
Es necesario recordar aquí, que López Obrador negaba abiertamente la existencia de narcolaboratorios dedicados a la producción de drogas sintéticas, en su pretensión de minimizar sistemáticamente el tema.
La presión no se ha quedado en palabras. Hace unos días y en ausencia de la presidenta Sheinbaum, Trump anunció, junto con 12 presidentes de la región, una coalición militar con gobiernos latinoamericanos para atacar a los cárteles y ha advertido que podría realizar operaciones unilaterales si México no coopera lo suficiente.
Más allá de la retórica provocadora que caracteriza al mandatario estadounidense, el mensaje es claro: para Estados Unidos, el narcotráfico ya no es un problema mexicano, sino una amenaza internacional.
La respuesta del gobierno mexicano ha sido, al menos públicamente, de “cabeza fría”.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que México no permitirá intervenciones militares extranjeras.
Al mismo tiempo, su administración ha acelerado extradiciones —92 criminales enviados a Estados Unidos desde 2025—, ha capturado a líderes criminales y ha intensificado los operativos contra laboratorios y redes de tráfico.
Este doble mensaje refleja el dilema central: defender la soberanía sin negar la gravedad del problema.
Porque la pregunta incómoda que se formula en Washington también resuena dentro del país: ¿puede el Estado mexicano controlar realmente a los cárteles?
Las cifras oficiales muestran avances, como la reducción de homicidios de 86.9 a 50.9 diarios entre 2024 y 2026. Sin embargo, las desapariciones aumentaron un 6.3% en 2024 y un 12% en 2025; lo que hace sospechar una manipulación en las cifras de los asesinatos.
Y como consta a la mayoría, la violencia no ha desaparecido y las estructuras criminales siguen operando con enorme capacidad de adaptación.
La realidad es que México enfrenta una encrucijada histórica. Si el crimen organizado sigue teniendo la capacidad de influir en regiones enteras del país, el argumento de la soberanía pierde fuerza frente a la presión internacional.
Pero aceptar una intervención extranjera tampoco es una opción viable para un país que valora su autonomía.
Entre la defensa del territorio y la necesidad de cooperación internacional se abre un espacio complejo que exige algo más que declaraciones políticas.
México necesita demostrar, con resultados sostenidos, que puede enfrentar al crimen organizado con sus propias instituciones.
Y que lo hará, incluso, a costa de los acuerdos que, de toda evidencia, tuvo el gobierno de López Obrador con los grupos criminales.
De lo contrario, otros países seguirán argumentando que el problema ya no es sólo nuestro.