México necesita recuperar contrapesos, garantizar una justicia independiente, combatir efectivamente la impunidad y ofrecer seguridad jurídica a quienes trabajan, invierten y emprenden.

La realidad es muy fácil de constatar: al tiempo que López Obrador y Sheinbaum endeudaron al país como nunca en la historia de este país, los servicios públicos sufrieron el mayor deterioro que hayan experimentado durante gobierno alguno.

El problema aparece cuando revisamos qué ocurrió cada vez que una investigación, una denuncia o una resolución alcanzó al propio expresidente o a integrantes de su familia.

El problema aparece cuando “el pueblo” parece significar únicamente quienes comparten su proyecto, mientras críticos, periodistas, empresarios u opositores son colocados sistemáticamente del lado de los enemigos.

Pocas políticas públicas permiten observar con tanta claridad la distancia entre una promesa gubernamental y la experiencia cotidiana de las familias como el sistema de salud.

México vive cada vez más endeudado, la gente sufre graves problemas financieros y no se están generando los empleos formales y bien remunerados que el país necesita.

Claudia Sheinbaum encontró esta semana un nuevo motivo para indignarse con el pasado: el Fobaproa (hoy llamado IPAB).

Andrés Manuel López Obrador tenía una teoría muy clara sobre la corrupción. El 28 de septiembre de 2019, ya siendo presidente, sentenció: “el presidente de México se entera de todo”.

Después de Adán Augusto, Rocha Moya, Segalmex, el huachicol fiscal, los amigos contratistas y el inexplicable talento empresarial que florece alrededor de algunos personajes de la 4T, el mensaje podría ser mucho más sencillo: “Corruptos: ya no vengan