La oposición lo ha planteado con claridad: al gobierno le preocupa más saber si Estados Unidos intervino en la captura que saber qué ha declarado Zambada sobre sus vínculos con políticos mexicanos.

Morena llegó al poder con cuatro promesas que repetía como mandamientos: acabar con la corrupción, no endeudarse, terminar con la violencia y poner primero a los pobres. Sonaban bonitas, casi sagradas.

Lo cuestionable es convertir esa historia en una cortina de humo para evitar conversaciones que exigen respuestas, explicaciones y responsabilidades.

El gobierno federal encontró, por fin, la “fórmula mágica” para “reducir la violencia” en México: no fue una estrategia de seguridad, no fue inteligencia, no fue coordinación, no fue justicia. Fue algo mucho más sencillo: cambiar las categorías.

Pero cuando las autoridades estadounidenses ponen la mirada sobre algún gobernador de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado, entonces aparece de inmediato la palabra favorita del oficialismo: “injerencia extranjera”.

Morena puede seguir negándolo. Puede decir que no hay narcoestado, que no hay autoritarismo y que todo es una conspiración planetaria contra la 4T.

Pero mientras el patriarca predicaba sacrificio desde Palacio Nacional, parte de la familia aprovechaba el poder para levantar empresas, amarrar contratos, registrar ranchos y construir un discreto —aunque muy rentable— imperio del “bienestar” privad

La lista de morenistas bajo la lupa de autoridades estadounidenses ya parece directorio interno del movimiento: gobernadores, exsecretarios, senadores, dirigentes partidistas y hasta hijos del expresidente aparecen mencionados en expedientes, filtrac

El discurso sonaba casi monástico: políticos sencillos, pueblo primero y una cruzada ética contra los excesos y los privilegios inmerecidos.