El gobierno federal encontró, por fin, la “fórmula mágica” para “reducir la violencia” en México: no fue una estrategia de seguridad, no fue inteligencia, no fue coordinación, no fue justicia. Fue algo mucho más sencillo: cambiar las categorías.

Pero cuando las autoridades estadounidenses ponen la mirada sobre algún gobernador de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado, entonces aparece de inmediato la palabra favorita del oficialismo: “injerencia extranjera”.

Morena puede seguir negándolo. Puede decir que no hay narcoestado, que no hay autoritarismo y que todo es una conspiración planetaria contra la 4T.

Pero mientras el patriarca predicaba sacrificio desde Palacio Nacional, parte de la familia aprovechaba el poder para levantar empresas, amarrar contratos, registrar ranchos y construir un discreto —aunque muy rentable— imperio del “bienestar” privad

La lista de morenistas bajo la lupa de autoridades estadounidenses ya parece directorio interno del movimiento: gobernadores, exsecretarios, senadores, dirigentes partidistas y hasta hijos del expresidente aparecen mencionados en expedientes, filtrac

El discurso sonaba casi monástico: políticos sencillos, pueblo primero y una cruzada ética contra los excesos y los privilegios inmerecidos.

El informe más reciente de Pemex enviado a la SEC de Estados Unidos reconoce que en 2025 el robo de combustibles alcanzó un promedio de 19 mil 600 barriles diarios, 15.3% más que el año anterior.

Una investigación periodística documentó que, tras retirarse, se convirtió en socio y administrador único de Procura de México, empresa creada en 2023 en una notaría tabasqueña vinculada al círculo de Adán Augusto López.

López Obrador jamás aportó evidencias más allá de las opiniones suyas y de sus seguidores, y hay que reconocer que logró torcer la percepción.