Andrés Manuel López Obrador prometió que el Tren Maya llevaría prosperidad al sureste mexicano.
Lo presentó como una obra histórica, un motor turístico y un ejemplo de desarrollo.
Hoy, casi tres años después de su inauguración, tenemos una realidad bastante menos espectacular: una inversión multimillonaria, daños ambientales reconocidos por las propias autoridades y un ferrocarril cuyos ingresos están muy lejos de cubrir sus gastos.
Empecemos por los números. Según la auditoría independiente incorporada a la Cuenta Pública 2025, el Tren Maya obtuvo ingresos por apenas 542 millones de pesos, mientras sus gastos de operación alcanzaron los 4 mil 810 millones.
En otras palabras, los contribuyentes tuvieron que financiar casi el 89% de su funcionamiento.
Y las cosas no mejoraron en 2026: durante el tercer trimestre, por cada peso que ingresó, registró casi 16 pesos en gastos totales.
¡Vaya negocio! Si una empresa privada presentara semejantes resultados, sus administradores tendrían que responder ante sus inversionistas.
Pero aquí los inversionistas somos todos los mexicanos y nadie parece dispuesto a rendirnos cuentas. Menos aún, a cuestionar al veleidoso autor intelectual: López Obrador.
El costo de construcción del Tren Maya superó los 500 mil millones de pesos.
¿Qué habríamos podido hacer con semejante cantidad? ¿Cuántos hospitales, escuelas y carreteras pudieron construirse o rehabilitarse? ¿Cuántos medicamentos y vacunas pudieron adquirirse?
Pongamos las cifras en perspectiva. Solamente los 17 mil 159 millones de pesos asignados al proyecto para 2027 equivalen, tomando como referencia costos de obras públicas recientes, a la inversión necesaria para construir seis hospitales generales como el proyectado por el IMSS en Cozumel, o más de mil doscientas escuelas primarias similares a una inaugurada este año en Tabasco.
A precios oficiales de adquisición, ese dinero también equivale a casi 140 millones de dosis de vacuna triple viral, sin contar su distribución y aplicación.
O permitiría financiar, como referencia presupuestal, la conservación de unos cinco mil kilómetros de carreteras.
Son comparaciones ilustrativas, pero revelan algo fundamental: cada peso destinado a sostener el capricho irracional de AMLO es un peso que no puede utilizarse simultáneamente para resolver las verdaderas necesidades del país.
Y todavía falta considerar el costo ambiental. La propia Secretaría de Medio Ambiente reconoció afectaciones en cavernas y cenotes del tramo cinco.
La construcción también implicó la tala de millones de árboles.
Un patrimonio natural que tardó siglos en formarse fue sacrificado para cumplir los tiempos de una decisión presidencial.
Los defensores del proyecto argumentan que el transporte de carga mejorará sus finanzas. Ojalá ocurra.
Pero el gobierno ya tuvo que aplazar hasta 2032 sus expectativas de equilibrio financiero. Mientras tanto, seguimos pagando.
México necesita infraestructura ferroviaria, por supuesto. Pero también necesita proyectos bien planeados, ambientalmente responsables y financieramente justificables.
Necesitamos auditorías independientes, transparencia sobre los subsidios y evaluaciones que permitan corregir lo que no funciona.
Porque gobernar no consiste en construir monumentos a la voluntad de un presidente, sino en administrar responsablemente los recursos de la nación.
Y mientras el peor presidente que ha tenido México celebra que le cumplieron el antojo, millones de mexicanos siguen esperando servicios públicos que realmente mejoren sus condiciones de vida.
