El Instituto Nacional Electoral nació como una conquista ciudadana: un árbitro confiable, capaz de garantizar elecciones competidas y creíbles.
Durante años, esa confianza permitió que millones de mexicanos aceptaran resultados, incluso cuando no les favorecían. Y sí, sé que habrá quien hable de los míticos fraudes contra AMLO. Pero, pésele a quien le pese,
López Obrador jamás aportó evidencias más allá de las opiniones suyas y de sus seguidores, y hay que reconocer que logró torcer la percepción.
Pero, cuando realmente ganó, nadie le impidió llegar al poder; demostrando lo que todos los observadores electorales señalaron en su momento: la imparcialidad del árbitro electoral.
Hoy, sin embargo, la discusión ya no es solo qué decide el INE, sino algo más inquietante: quién lo está controlando.
En los últimos años, el oficialismo ha avanzado de forma sostenida en la integración del Consejo General. Primero, con la llegada de Guadalupe Taddei y perfiles afines.
Después, con el nombramiento reciente de nuevos consejeros que consolidan una mayoría política que antes parecía impensable en un órgano diseñado precisamente para evitarla.
El proceso de designación no pasó desapercibido. Todos en la oposición denunciamos las irregularidades en la integración de las quintetas y calificamos, con pruebas en la mano, el procedimiento como un intento de captura institucional.
Más allá de los calificativos, lo relevante es la percepción creciente de que el árbitro ha dejado de ser neutral. Y en democracia, la percepción pesa tanto como la evidencia.
Pero el problema no termina ahí. Sobre el INE también se cierne la sombra de posibles conflictos de interés en su estructura administrativa.
Investigaciones periodísticas han documentado vínculos entre altos funcionarios del instituto y empresas que han recibido contratos millonarios de organismos electorales en distintos estados, y posteriormente del propio INE.
La consejera presidenta ha negado irregularidades, pero la discusión ya no es únicamente legal, sino ética.
Porque un árbitro no solo debe ser imparcial: debe parecerlo.
Y cuando se acumulan nombramientos cuestionados, relaciones cercanas y contratos recurrentes con los mismos proveedores, lo que se erosiona es la confianza pública. Sin ella, cualquier decisión —por correcta que sea— será vista con sospecha.
A esto se suma una contradicción difícil de ignorar. Mientras desde el poder se reduce el presupuesto del instituto bajo el discurso de la austeridad, al interior se autorizan contratos de gran magnitud que levantan dudas razonables.
Hacia afuera, restricciones; hacia adentro, discrecionalidad. El mensaje es, por decir lo menos, problemático.
No se trata de debilitar al INE, sino de evitar que se degrade. México necesita un árbitro fuerte, autónomo y confiable, capaz de poner límites al poder, no de acompañarlo.
Desde el Congreso, la responsabilidad es clara: revisar los procesos de designación, fortalecer las reglas de conflicto de interés y garantizar máxima transparencia en las contrataciones.
Defender la democracia no es repetir que las instituciones existen; es asegurar que funcionen.
Y hoy, más que nunca, eso implica exigir que el árbitro no esté jugando para uno de los equipos, vestido de uniforme guinda.