En México, la corrupción ya no solo se esconde detrás de funcionarios menores o intermediarios. Hoy tiene nombre y apellido: el Cártel de Palenque. Así denomino a la red de complicidades que, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mezcló política, crimen organizado e intereses familiares para enriquecerse a costa de la nación. Lo que para algunos parecía un rumor, hoy se confirma con denuncias, amparos irregulares y testimonios de testigos protegidos que señalan a los propios hijos del expresidente.
Por eso, presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra José Ramón, Gonzalo Alfonso y Jesús Ernesto López Beltrán. A los hijos del expresidente se les acusa de delitos como delincuencia organizada, contrabando, huachicol fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Estas acusaciones no son inventos: provienen de expedientes oficiales y de testimonios que describen con detalle cómo operaba el Cártel de Palenque.
El esquema criminal es tan vasto que involucra a instituciones como Pemex, Hacienda, la Marina, el Ejército, Aduanas y la Guardia Nacional. Bajo el sexenio de López Obrador, el Estado se transformó en una empresa criminal al servicio de un grupo político y de una familia. Los recursos obtenidos no solo se usaron para enriquecimiento personal: también sirvieron para financiar campañas de Morena y mantener el control político. Contrario a lo que prometió, AMLO sí mintió, si robó y sí traicionó a México y a su gente.
Lo más indignante es la reacción del actual gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum se presenta como adalid de la transparencia, pero cada vez que se mencionan los nombres de su antecesor y de su familia, cierra filas para protegerlos. Habla de “cero impunidad”, mientras en los hechos encubre a los verdaderos responsables. Esa defensa automática es, en sí misma, una confesión de complicidad.
El Cártel de Palenque es el fraude más grande a la nación en nuestra historia. México no puede resignarse a vivir bajo un sistema en el que las instituciones se pliegan a los caprichos de una familia y un partido. La justicia no debe ser selectiva ni negociada. Mi compromiso, como legislador, es seguir denunciando y exigiendo que se llegue al fondo, aunque quienes hoy gobiernan intenten silenciarnos.