En México, cargar gasolina se ha convertido en un recordatorio cotidiano de una contradicción profunda. Somos un país productor de petróleo, pero pagamos una de las gasolinas más caras del mundo, a pesar de que el gobierno de Sheinbaum obligó a los empresarios a topar el precio de la gasolina magna, afectando las utilidades del sector. La razón principal es fiscal: por cada litro, los automovilistas pagan más de diez pesos en impuestos, particularmente por concepto del IEPS, una carga que supera incluso a la de países con ingresos per cápita muy superiores al nuestro. Sí, los 10 pesos que prometió AMLO que costaría la gasolina, son únicamente para impuestos. El argumento oficial ha sido siempre el mismo: esos recursos son necesarios para sanear las finanzas públicas y sostener a Pemex.
Sin embargo, ni los precios altos ni la recaudación creciente han logrado rescatar a la petrolera. Pemex sigue atrapada en un modelo de operación ineficiente, con pérdidas crecientes derivadas del huachicol físico y fiscal, el negocito del cártel de Palenque, léase AMLO y sus hijos, que en los últimos años ha significado un boquete de cientos de miles de millones de pesos para el erario. A ello se suma una gestión que no ha logrado revertir la caída en productividad ni la pesada carga financiera que arrastra la empresa.
Ante ese fracaso, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha optado por la misma receta de siempre: inyectar más dinero público. En 2025, las transferencias a Pemex casi triplicaron lo aprobado originalmente, desbordando el gasto programado y comprometiendo recursos que pudieron destinarse a salud, educación o infraestructura. Aun así, el dinero no alcanza. Pemex ha tenido que pactar pagos a proveedores a plazos que llegan hasta ocho años, afectando a miles de empresas y empleos en todo el país.
Con este panorama, cualquiera pensaría que el gobierno actuaría con extrema prudencia para proteger la riqueza nacional. Pero ocurre lo contrario. En apenas cuatro meses, México triplicó los envíos de petróleo a Cuba, con un valor superior a los 3 mil millones de dólares, priorizando una afinidad ideológica sobre las necesidades urgentes de las familias mexicanas. Y lo más grave: la presidenta ha negado o minimizado estos envíos, mintiendo con total descaro, incluso cuando los datos son públicos y verificables.
Conviene decirlo con claridad: el petróleo no es propiedad de la presidenta ni de su partido. Es de todos los mexicanos. En cualquier país productor, esa riqueza se traduce en energía accesible y bienestar para su población. Aquí, en cambio, se hace caravana con sombrero ajeno: se regala el petróleo para quedar bien con un dictador, mientras las familias pagan el costo en inflación, desabasto de medicamentos, escuelas deterioradas y carreteras intransitables. Eso no es solidaridad internacional; es irresponsabilidad con el patrimonio de la nación.