El Gobierno federal insiste en presumir que la economía mexicana “avanza”, pero los datos del mercado laboral cuentan otra historia, mucho menos triunfalista y mucho más preocupante.
En octubre, México sumó más de 655 mil personas a la población ocupada, pero todas, absolutamente todas, fueron absorbidas por la informalidad.
Así lo confirman las cifras oficiales, que detallan un incremento de 831 mil 860 personas en empleos sin seguridad social, frente a una pérdida de 176 mil 349 empleos formales tan solo en ese mes.
Si este es el “avance” de Morena, habría que preguntarse en dónde queda el bienestar de las familias trabajadoras.
Porque lo cierto es que el país vive una tendencia sostenida de deterioro.
Desde enero y hasta octubre, la informalidad ha sumado a más de 2 millones de personas, mientras que el empleo formal acumula una caída cercana al medio millón de plazas.
Lo advertido por México, ¿Cómo Vamos? coincide plenamente: la informalidad ronda el 55.4% y sigue creciendo, convirtiéndose en una falla estructural que erosiona ingresos, productividad y calidad de vida.
A esta realidad hay que sumarle otro factor que distorsionó las cifras: la incorporación de choferes y repartidores de plataformas digitales como trabajadores formales.
Ese cambio legal generó una burbuja temporal que el gobierno aprovechó para presumir una recuperación del empleoformal.
Pero una vez disipado ese efecto, la verdad salió a flote: México está perdiendo empleos formales y precarizando aceleradamente su mercado laboral.
De poco sirven, por ello, los anuncios del Gobierno federal sobre incrementos al salario mínimo o la reducción de la jornada laboral.
¿De qué estamos hablando si más de la mitad de las personas ocupadas no tiene prestaciones, no cotiza, no acumula antigüedad y no cuenta con mecanismos efectivos de protección social?
Lo que debería ser una buena noticia se convierte en una mera declaración simbólica, sin impacto para la mayoría de las familias.
Aún más preocupante es el impacto económico de este deterioro. La informalidad erosiona la base recaudatoria y frena la inversión, mientras que la incertidumbre generada por la reforma judicial profundiza el estancamiento.
La OCDE lo advierte con claridad: la reforma ha afectado la confianza de inversionistas y particularmente de las Pymes, reduciendo el dinamismo económico del país.
Frente a este panorama, urge un cambio de rumbo. Nuestrapropuestas son claras: incentivar la formalización, reducir cargas burocráticas, profesionalizar el sistema de cuidados para que más mujeres puedan acceder al empleo, y promover políticas públicas que generen trabajos bien remunerados y con derechos.
Se trata, en suma, de construir un país donde trabajar no signifique sobrevivir, sino vivir con dignidad y futuro.