Durante años se construyó una narrativa poderosa: la de un gobierno moralmente superior, distinto a todo lo anterior, decidido a erradicar la corrupción “de raíz”.
Sin embargo, los datos oficiales —no opiniones, no percepciones, no adversarios políticos— cuentan una historia muy diferente.
La Auditoría Superior de la Federación documentó presuntos daños al erario por más de 65 mil 169 millones de pesos tan sólo en el último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
No es una cifra menor. Es un golpe directo al patrimonio de todos los mexicanos.
Los hallazgos abarcan irregularidades en múltiples dependencias y proyectos emblemáticos.
Pemex, por ejemplo, acumula observaciones por más de 2 mil millones de pesos en presuntos actos de corrupción y manejo indebido de recursos.
El llamado Tren Maya sumó nuevas irregularidades por casi 88 millones de pesos.
Y en la vía donde ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico —que cobró vidas humanas— la ASF detectó desvíos por más de 81 millones de pesos.
Aquí la corrupción no sólo implica dinero perdido: implica fallas que pueden traducirse en tragedias.
La gravedad del asunto es doble. Primero, por el volumen de recursos comprometidos.
Segundo, porque estos montos no incluyen el impacto del llamado “huachicol fiscal”, que ha significado pérdidas multimillonarias adicionales para el Estado mexicano.
Lo auditado es apenas lo documentado en una revisión formal; lo no auditado o aún no investigado podría ser considerablemente mayor.
Frente a estos datos, resulta difícil sostener la imagen del gobernante honesto que todo lo sabía y todo lo vigilaba.
El propio López Obrador afirmó reiteradamente que “el presidente se entera de todo”. Si eso era cierto, entonces las irregularidades ocurrieron bajo su conocimiento.
Y si no lo era, entonces estamos ante una admisión de incompetencia. En ambos escenarios, la narrativa de superioridad moral se desploma.
No es casual que México haya retrocedido en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. No se trata de una conspiración internacional ni de una campaña mediática.
Se trata de hechos documentados por el órgano técnico encargado de fiscalizar el gasto público.
Lo más preocupante es la ausencia de consecuencias claras. La actual administración parece más dispuesta a proteger el legado que a investigar a fondo.
La impunidad, cuando se normaliza, envía un mensaje devastador: que el poder está por encima de la ley.
La corrupción no es un discurso. Es dinero que falta en hospitales, en escuelas, en carreteras seguras. Es confianza ciudadana erosionada.
Y es, en casos extremos, vidas que pudieron haberse salvado. México merece algo mejor que relatos edificantes sin sustento.
Merece instituciones que funcionen y responsabilidades que se asuman.