Desde el gobierno federal se repite una narrativa optimista sobre la situación económica del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum presume cifras que, según su discurso, demostrarían una reducción histórica de la pobreza laboral.
El problema es que esas cifras, presentadas sin contexto, dibujan un país que millones de familias mexicanas simplemente no reconocen.
Porque cuando se revisan los datos completos, la historia es muy distinta.
De acuerdo con análisis recientes del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 11.9 millones de hogares en México han enfrentado pobreza laboral, es decir, familias cuyos ingresos por trabajo no alcanzan siquiera para comprar la canasta alimentaria básica.
Más preocupante aún: 7.8 millones de esos hogares permanecieron en esa condición durante al menos un año, lo que significa que cerca del 65% de las familias que caen en pobreza laboral no logran salir de ella rápidamente.
Esto revela una realidad incómoda para el discurso oficial: trabajar no siempre es suficiente para dejar atrás la pobreza.
El problema se agrava cuando observamos lo que ocurre con el empleo.
Tan solo en enero de 2026 se perdieron más de 705 mil puestos de trabajo, uno de los peores arranques de año para el mercado laboral desde la pandemia.
Y lo más preocupante es que la mayoría de esos empleos eran formales, es decir, trabajos con prestaciones y seguridad social. Cuando desaparecen los empleos formales, las familias no dejan de trabajar.
Lo que ocurre es que se ven obligadas a buscar ingresos en condiciones mucho más precarias.
Y ahí aparece el otro gran dato que debería preocuparnos. En 2025 la informalidad alcanzó el 55% de la población ocupada, el nivel más alto para un cierre de año desde 2022.
En otras palabras, más de la mitad de los trabajadores mexicanos viven sin seguridad social, sin estabilidad laboral y con ingresos que muchas veces apenas alcanzan para subsistir.
Incluso los empleos creados el año pasado reflejan esta tendencia preocupante.
De los 293 mil puestos de trabajo generados en 2025, todos se concentraron en el sector informal, mientras que el empleo formal registró una pérdida de más de 195 mil plazas.
Esto tiene consecuencias profundas para las familias. La informalidad implica menores ingresos, menor productividad y mayor vulnerabilidad ante cualquier crisis.
Por eso resulta preocupante que el gobierno prefiera celebrar indicadores aislados en lugar de reconocer los desafíos reales que enfrenta el país.
La verdadera pregunta que debería guiar la política económica es muy sencilla: ¿están viviendo mejor las familias mexicanas?
Cuando millones de hogares trabajan todos los días y aun así no logran cubrir lo básico, la respuesta es evidente.
México necesita crecimiento económico, inversión, generación de empleos formales y políticas públicas que amplíen las oportunidades.
Porque sin oportunidades reales para prosperar, ningún discurso puede ocultar la realidad que viven millones de familias en su día a día.