Mientras desde Palacio Nacional se insiste, mañanera tras mañanera, en una narrativa de optimismo y control, los datos duros vuelven a colocar a México frente a una realidad incómoda: el país sigue atrapado en una crisis de inseguridad profunda y persistente.
No se trata de percepciones aisladas ni de exageraciones opositoras; se trata de cifras oficiales que describen un entorno cotidiano marcado por el miedo, la violencia y la incertidumbre.
Las cifras ayudan a dimensionar la magnitud del problema que se intenta minimizar desde el discurso oficial.
Tan solo en 2025 se registraron al menos 4,783 atrocidades, es decir, un promedio de 13 hechos de extrema violencia cada día, entre ellos asesinatos con tortura, mutilaciones, masacres y hallazgos de fosas clandestinas.
En paralelo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana revela que 63.8% de la población considera inseguro vivir en su ciudad, porcentaje que se eleva a 69.4% entre las mujeres, reflejando una vulnerabilidad diferenciada que el gobierno se resiste a reconocer.
Más del 64% se siente inseguro en las calles y en el transporte público, y más del 72% en cajeros automáticos, lo que confirma que la inseguridad se vive en los espacios más básicos de la vida cotidiana y no en estadísticas acomodadas para la conferencia matutina.
Esta realidad tiene efectos directos en la vida diaria. Las familias ajustan rutinas, limitan desplazamientos y restringen la autonomía de niñas, niños y adolescentes no por comodidad, sino por supervivencia.
Esa normalización del miedo tiene costos económicos, sociales y emocionales enormes.
La inseguridad no solo cobra vidas; también frena la prosperidad. Pequeños y medianos negocios pagan “derecho de piso” o deciden no abrir. Inversiones se posponen.
El transporte de mercancías se encarece. La violencia actúa como un impuesto invisible que pagan quienes trabajan, producen y emprenden.
Un país que no garantiza seguridad difícilmente puede aspirar a crecer de manera sostenida.
Sin embargo, desde el poder se prefiere minimizar el problema, relativizarlo o diluirlo en comparaciones selectivas.
Se celebra cualquier descenso marginal como un triunfo histórico, mientras se ignora que los niveles de violencia siguen siendo alarmantes.
Resulta sintomático que la agenda presidencial parezca más sensible a temas de espectáculo internacional —como la preocupación por atraer conciertos de BTS— que a la tragedia diaria que viven millones de mexicanos.
La seguridad no es propaganda. Es una condición básica para la libertad, la dignidad y el desarrollo. Negar la gravedad del problema no lo resuelve; solo lo prolonga.
México no necesita más discursos tranquilizadores, sino una estrategia seria, evaluable y centrada en proteger a las personas.