La iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido presentada como un paso hacia la “austeridad” y la “democratización” del sistema político.
Sin embargo, un análisis serio obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿estamos ante una mejora institucional o ante un rediseño orientado a concentrar aún más el poder?
La primera preocupación es el debilitamiento deliberado de las instituciones electorales.
Reducir presupuestos y acotar funciones bajo el argumento de que “son costosas” puede sonar popular en el discurso, pero en la práctica implica disminuir capacidades técnicas, fiscalización y vigilancia.
Y cuando las instituciones democráticas se erosionan, el terreno fértil no es la eficiencia, sino la corrupción.
No es casualidad que Transparencia Internacional haya advertido recientemente que el debilitamiento institucional en diversas democracias está correlacionado con el deterioro en los niveles de integridad pública.
El segundo vacío resulta particularmente grave: la ausencia de sanciones contundentes para quienes acepten recursos del crimen organizado.
En un país donde la infiltración del dinero ilícito en campañas ha sido documentada y denunciada de manera reiterada, omitir este punto no es una omisión menor; es una señal preocupante.
Por eso, es indispensable establecer mecanismos estrictos para detectar dinero de fuentes ilegales en campañas.
Es urgente una fiscalización en tiempo real con acceso a inteligencia financiera que permita identificar el origen de cada peso.
Y se debe de establecer la nulidad de las elecciones cuando se acredite financiamiento criminal.
Si de verdad se estuviera pensando en el fortalecimiento de la democracia se debería establecer la pérdida del registro para partidos que postularan candidatos vinculados al crimen organizado.
Y debe de determinarse la responsabilidad penal para los dirigentes que avalen candidaturas con nexos criminales.
Hay que decirlo con claridad: Morena quiere reducir el financiamiento público ahora que ya no lo necesita.
Cuando era de su interés, porque de eso dependía su operación como partido, lo defendió ante los tribunales.
Hoy que tienen elpoder lo quieren disminuir, tal vez, porque sean ciertos los indicios de que cuenta con fuentes alternativas de financiamiento vinculadas al crimen organizado (lo que explicaría, además, su negativa a colocar el tema en la iniciativa).
Morena suele justificar sus decisiones en nombre de “la voz del pueblo”.
Pero la representación democrática no es un cheque en blanco. Gobernar implica rendir cuentas, fortalecer instituciones y generar resultados.
Y los resultados económicos son contundentes: la pérdida sostenida de empleos formales ha empujado a miles de familias hacia la informalidad, sin seguridad social ni horizonte de estabilidad.
Pero hay un elemento adicional que no puede ignorarse: la manera en que se formuló la propuesta.
Ni siquiera los partidos aliados de Morena han mostrado una posición unificada.
Las tensiones internas evidencian que no existe consenso real. Más paradójico aún es que se invoque la “democracia participativa” —como se menciona en los puntos oficiales de la iniciativa — mientras la reforma se impulsa sin mecanismos amplios de consulta ni deliberación ciudadana efectiva.
Se habla de participación, pero se decide en círculo cerrado.
La propuesta y su proceso reflejan una contradicción de fondo: se invocan principios democráticos mientras se restringen los contrapesos que los hacen posibles.
Una reforma electoral debería fortalecer la confianza, no debilitarla. Debería ampliar la competencia, no reducirla.
Y debería blindar el sistema frente al crimen, no dejarlo vulnerable.
La democracia mexicana merece reformas que la consoliden, no que la subordinen a intereses de coyuntura.