La corrupción tiene un costo mucho más alto del dinero que se desvía de las arcas públicas, como advierte la académica Susan Rose Ackerman; cuando la corrupción se instala en las instituciones, distorsiona las decisiones del Estado y termina afectando el bienestar de la sociedad.
México parece atrapado en esa realidad: ocupa el lugar 141 de 182 naciones en el índice de Percepción de la Corrupción 2025, una posición que debería avergonzarnos y, sobre todo, obligarnos a reflexionar sobre las causas de este rezago.
La Estafa Maestra, Segalmex y ahora el INE, tienen un denominador común que merece atención especial: la necesidad de que las investigaciones no se limiten a exhibir los hechos o a separar a algunos funcionarios, sino que lleguen ante el último responsable de las redes delictuosas que pudieron hacer posible el desvío de recursos públicos.
Porque cada peso que termina en manos de la corrupción es un peso que deja de destinarse a hospitales, medicamentos, infraestructura o educación, y quienes terminan pagando las consecuencias son, principalmente, los mexicanos con menores ingresos.
La corrupción también se manifiesta cuando grandes fortunas y corporaciones buscan comprar influencia política, financiar campañas para obtener beneficios posteriores, o cuando recursos de procedencia ilícita, incluso del narcotráfico, pretenden abrirse paso en las estructuras del poder.
En este contexto, las recientes declaraciones de Vicente Fox adquieren relevancia al reconocer haber intervenido para que Felipe Calderón ganara la elección. Es una declaración que obliga a reflexionar sobre los límites del poder presidencial y el respeto a la voluntad ciudadana.
En cuanto al INE, las irregularidades en contrataciones, los conflictos de interés y la denuncia presentada ante la FGR el 6 de noviembre deben investigarse hasta sus últimas consecuencias, ya que no basta con la renuncia de funcionarios, dado que la sociedad exige conocer la verdad y que haya sanciones si se acredita la responsabilidad.
En una entrevista que sostuve el día de ayer con Oscar Bazán, Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, destacó el importante esfuerzo realizado en la entidad para instalar Comités de Participación Ciudadana Anticorrupción en los 125 municipios mexiquenses, donde las autoridades tienen el contacto más directo con la ciudadanía.
La instalación de los comités municipales permite fortalecer la prevención, detección y denuncia de prácticas indebidas, construyendo desde lo local una cultura de legalidad y rendición de cuentas, ya que la corrupción no puede combatirse exclusivamente desde las fiscalías, las contralorías o los tribunales. Se requiere un entramado institucional que permita prevenir las conductas indebidas, detectar oportunamente las irregularidades, investigarlas con rigor y sancionar a quienes resulten responsables.