Cuidar las dentaduras institucionales

Ciudad de México /

El Ministerio Público es una institución fundamental para el equilibrio del Estado mexicano y para la tranquilidad de la sociedad, aunque paradójicamente deba infundir miedo.

En este sentido, las fiscalías se parecen a los órganos recaudadores de impuestos, pues deben calibrar muy minuciosamente el temor que despiertan a fin de que las personas de bien no vivan asustadas, pero al mismo tiempo los bandidos y malandros no encuentren sosiego.

Este delicado balance es crucial y suele desajustarse con el tiempo. Acaban con miedo los inocentes y bienintencionados, y de fiesta los diablos.

Por ejemplo, al inicio de mi gestión en el Servicio de Administración Tributaria emprendimos el proyecto de que todos los jóvenes que se inscribieran en el programa Jóvenes construyendo el futuro lo hicieran también en el Registro Público de Contribuyentes. Era sorprendente la cantidad de chicos y chicas que reculaban frente a la idea de que en la computadora les saliera una liga al SAT para hacer el trámite. Ni pasado tenían los jóvenes, pero miedo, sí.

Al mismo tiempo lidiábamos con el perverso mundo de las facturas falsas y me parecía que se burlaban quienes navegaban esas aguas. Afortunadamente la sonrisa se les borró a los cuantos meses, cuando cambiamos el modelo de riesgo (con casi cero de margen de error) y lo ligamos a instituciones financieras y penales.

No es que lo que se hiciera antes estuviera mal (insuficiente sí), es que las instituciones necesitan ir al día, es decir, a la par de las necesidades de la gente de bien y de la creatividad y osadía de quienes viven del mal.

Las instituciones deben mudar de dentadura constantemente, pues para estas no existen dientes que duren para siempre; y quienes están en ellas deben ser más creativos y osados, y, además, determinados en su función.

La sociedad debe saber que quien obre mal corre un riesgo inevitable, pues en gran medida descansa en esa premisa. Estamos tranquilos si nuestra integridad, nuestras posesiones y derechos son resguardados, sabiendo que la misma regla aplica para todas las personas (lo que brinda paz social), y que quien la afrente pagará las consecuencias.

Tanto es lo que depende de estas instituciones que su poder necesita ser vigilado y acotado para evitar que desborde y se perviertan sus propósitos al grado de que la gente de bien viva intranquila mientras el bandidaje las corrompe y se apodera a pedacitos de éstas.

En este sentido, la Primera Sala acaba de tomar la semana pasada una decisión que contribuye a depurar excesos (y no se olvide que cuando una institución se depura, entonces se revalora y genera confianza).

La historia es corta. Se remonta a octubre de 2019, cuando un señor sale de su domicilio y, casualmente cuando no está, se presentan dos policías frente a su puerta. Al no encontrarlo, van con su vecina y le explican que el hombre tiene una carpeta de investigación abierta en su contra en una fiscalía y que lo andan buscando con un citatorio.

El hombre va a la fiscalía y ahí le dicen que sí hay algo pero que presente la solicitud por escrito. Lo hace, pero el Ministerio Público le niega el acceso a la carpeta señalando que no está detenido, que no es imputado y ni se pretende recibir su declaración.

Es decir, el hombre queda a merced de saber que “algo hay” en su contra, que ya hasta su vecina sabe que lo indagan, pero él no tiene acceso a nada.

Entonces promueve un juicio de amparo. En primera instancia el amparo no prosperó (se sobreseyó por no tener la calidad de imputado) y así es como llega a la Suprema Corte, en donde determinamos que este proceder constituye un acto de molestia realizado por la propia autoridad y entonces ello hace procedente que la persona acceda a la carpeta en su contra como parte de su adecuada defensa, de conformidad con los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Si el Ministerio Público no está listo para brindar acceso a una persona a su carpeta de investigación, bien puede no buscarla con su vecina o con sus compañeros de trabajo. De lo contrario, la persona queda en la indefensión y quizá hasta imaginando que algún malqueriente lo está amedrentando mientras corrompe instituciones. Claro, esto solo en su imaginación.

  • Margarita Ríos-Farjat
  • Ministra de la Suprema Corte de Justicia
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