Los países de América Latina se han organizado para coordinar acciones que contribuyan a la protección y la salud de sus habitantes, una de las responsabilidades de los gobiernos, entre otras.
En junio de este año, 2026, se realizó una reunión más con ese propósito, bajo el nombre de Movimiento Regional de Municipios y Ciudades Saludables. En esta ocasión, de manera virtual, se estableció un plan de acción basado en las prioridades sanitarias nacionales, estatales y locales, con el objetivo de incidir en los determinantes de la salud y sus entornos.
Sus objetivos principales consisten en promover y preservar la salud en las comunidades integrantes, logrando un desarrollo sostenido y sustentable; generar el intercambio de experiencias y la colaboración entre sus agremiados para mejorar el desempeño de los planes de salud y bienestar.
Además, busca fortalecer la decisión política, la colaboración multisectorial y la participación ciudadana para orientar el gasto público hacia proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Todo ello, con el propósito de propiciar la vinculación con instituciones y organismos relacionados con la promoción de la salud y el desarrollo de las localidades, e involucrarlos en la gestión municipal y en los procesos de planeación e instrumentación de los proyectos de salud.
En esa ocasión, el comité ejecutivo y coordinador estuvo integrado por Chile, Colombia, Honduras y Ecuador, cuyos representantes ocupan cargos de alcaldes. Sus metas contemplan una estrategia que abarca tres aspectos: el enfoque integral, que reconoce que la salud depende de factores biológicos, pero también sociales, ambientales y culturales, como el acceso al agua potable, la vivienda y los espacios recreativos; la gestión participativa, que fomenta la alianza entre gobiernos municipales, instituciones de salud, sector privado y la propia comunidad; y la acción local, mediante la cual los municipios adoptan compromisos trianuales para atender problemáticas específicas de su territorio y reducir las desigualdades sanitarias.
Asimismo, la normativa de estas redes se sustenta en el artículo 4º constitucional, que consagra los derechos fundamentales de protección a la familia, igualdad ante la ley y diversos derechos sociales; el artículo 115 constitucional, en su fracción III, referente a las funciones y servicios públicos municipales, así como a la coordinación y el asociacionismo; y el artículo 110 de la Ley General de Salud, que establece que la promoción de la salud tiene como objetivo crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud de la población, así como fomentar actitudes y conductas que motiven la participación activa de los ciudadanos en beneficio de la salud individual y colectiva.
En la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los gobiernos locales reafirmaron su compromiso de fortalecer la atención primaria de salud, abordar los determinantes sociales e incorporar la salud en todas las políticas públicas locales.
México firmó y asumió este compromiso. Así, los habitantes tendrán una base para reclamar o exigir su derecho a la salud.