La transparencia no es un trámite. Es la línea que separa al poder legítimo del poder que se administra a sí mismo sin rendir cuentas. Tristemente en las últimas semanas, tres resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo han colocado ese principio en el centro del debate público Los casos de Apan, Calnali y Cardonal no son episodios aislados. Son piezas de un mismo patrón administrativo que, visto en conjunto, revela una cultura institucional donde la ley parece verse como un estorbo y no como una garantía.
En Apan, la alcaldesa Zorayda Robles sostuvo que la información relacionada con la Ley de Ingresos 2026 fue entregada. El Tribunal acreditó que sí existía. El problema fue otro: se entregó fuera de plazo. La discusión jurídica llegó incluso a considerar un arresto por 36 horas que al final no llegó, pero que habla de que hay quienes llevan al límite la opacidad antes de ser sancionados.
A la presidenta municipal de Calnali, Corina Jiménez, la amonestaron públicamente porque las convocatorias de cabildo no incluían la documentación de soporte. Los regidores acudían a sesión sin los elementos necesarios para analizar lo que iban a votar. Aquí la omisión no fue la inexistencia de información, sino su ausencia en el momento procesal en el que debía estar disponible.
Karla Hernández de El Cardonal reconoció multas por incumplimiento parcial. Argumentó que los documentos se presentaron durante la sesión. El Tribunal resolvió que eso no garantizó el derecho de los regidores a revisarlos con anticipación. El criterio vuelve a repetirse.
Es un tema de ética pública pues la transparencia en estos casos no se cumple con la existencia del documento, sino con el procedimiento que asegura que otros puedan conocerlo, analizarlo y decidir con base en él. No se trata de burocracia. Es la arquitectura mínima del derecho a ejercer el cargo público con información completa.
Durante años, muchos funcionarios vieron a los órganos garantes de transparencia como una carga procedimental, la justificación para desaparecerlos fue la austeridad, los consideraron siempre un requisito incómodo que había que cubrir para evitar sanciones.
Estos casos muestran algo más profundo: cuando la vigilancia se relaja, la forma se descuida. Y cuando la forma se descuida, el derecho se erosiona sin que nadie pueda señalar un acto abiertamente ilegal. Preocupa más este ejemplo si se piensa en que hoy los gobiernos son jugadores y árbitros en este tema tan delicado. Ya veremos.