La justicia no puede medirse únicamente por el número de sentencias y hacerlo sería simplificar un sistema en el que miles de asuntos concluyen por otras vías legales: convenios, desistimientos, sobreseimientos, criterios de oportunidad o procedimientos que permanecen abiertos más de un año. Pero tampoco puede ignorarse un dato que se repite con demasiada frecuencia en Hidalgo: durante el último sexenio, menos de cuatro de cada diez asuntos ingresados derivaron en una sentencia.
Las cifras de la propia Estadística Judicial de Primera Instancia muestran una constante difícil de pasar por alto en la nota que realiza hoy mi compañero Alejandro Reyes pues revela que entre 2020 y 2025 ingresaron 323 mil 284 asuntos a los 17 distritos judiciales y se dictaron 129 mil 86 sentencias, equivalente a apena 39.9% el tema curiosamente es que el comportamiento anual prácticamente no cambia pese a que se viven presumiendo premios y reconocimientos al Poder Judicial de Hidalgo que encabeza Rebeca Aladro.
Claro que sin contexto, el dato podría llevar a conclusiones equivocadas habrá que ser claros: no todos los expedientes que ingresan están en condiciones de recibir sentencia ese mismo año y muchos continúan su trámite durante ejercicios posteriores. Comparar ingresos anuales contra sentencias del mismo periodo no representa necesariamente la productividad real de los jueces. Sin embargo, cuando esa diferencia permanece prácticamente inalterada durante seis años consecutivos, deja de ser una simple explicación estadística y se convierte en un indicador que merece análisis.
Más aún porque el propio Poder Judicial ha destacado en distintos momentos los esfuerzos por modernizar procesos, incorporar tecnología y fortalecer la carrera judicial. Si esas transformaciones existen, sus efectos todavía no se reflejan de manera evidente en los indicadores agregados de resolución.
También hay otro elemento que limita el escrutinio público. La estadística informa cuántas sentencias se dictan, pero no permite conocer con suficiente detalle qué delitos concentran esas resoluciones, cuánto tardó cada procedimiento, cuáles fueron absolutorias y cuáles condenatorias, ni el tiempo promedio que transcurre desde que un asunto ingresa hasta que obtiene una resolución definitiva. Esa información resulta indispensable para evaluar el desempeño del sistema y no únicamente su volumen de trabajo.
Paradójicamente, cuando se observan las sentencias de mayor impacto, los tribunales hidalguenses sí muestran capacidad para imponer penas severas. En 2025 la condena más alta alcanzó 102 años y seis meses de prisión por secuestro, mientras que diez distritos judiciales emitieron sentencias de entre 27 y 80 años por delitos como violación, desaparición cometida por particulares y trata de personas. Es decir, el problema no parece estar en la capacidad jurídica para resolver los casos más graves, sino en la dimensión total del universo de asuntos que atiende diariamente el Poder Judicial.
Las estadísticas no condenan ni absuelven a una institución, pero sí plantean preguntas. Y quizá la más importante hoy no sea cuántas sentencias se dictan, sino cuántos ciudadanos siguen esperando una resolución que cierre definitivamente su conflicto, cuántos siguen a la espera de la tan ansiada justicia pronta y expedita que parece que en Hidalgo no prospera.
Detrás de cada expediente hay personas, familias, patrimonio o libertad. Y no hablemos del rezago que hay pues no sólo están los asuntos que ingresan todos los días al Poder Judicial, habrá que analizar también cuántos están aún en el escritorio esperando una resolución y eso nos dará otro aspecto sin duda a analizar y cuestionar respecto al desempeño de los jueces en el estado.