La iniciativa presentada para que en 2028 partidos postulen exclusivamente mujeres a la gubernatura de Hidalgo ha abierto un debate que va mucho más allá de la paridad. En el fondo, la discusión es si la vía realmente corrige una injusticia histórica o si corre el riesgo de convertir la igualdad en una simulación jurídicamente frágil y políticamente conveniente.
Reservar la contienda de 2028 para mujeres aparece como una acción afirmativa destinada a “cerrar brechas” y acelerar la igualdad sustantiva. El planteamiento conecta con un reclamo legítimo y con una realidad estadística innegable. Sin embargo, el problema comienza cuando esa deuda histórica se intenta saldar con una reforma hecha para una elección específica y bajo condiciones excepcionales
Aquí es donde la iniciativa deja de ser un avance incuestionable pues obligar a que la primera gobernadora de Hidalgo, si la reforma prospera, gobierne sólo dos años plantea una contradicción difícil de ignorar. Claro que una gubernatura de dos años, lo mismo para hombres que para mujeres, es insuficiente para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas de calado. En el caso de una mujer que llegaría al cargo bajo el estandarte de “la primera”, el riesgo es mayor: cualquier tropiezo podría ser utilizado no para criticar un modelo institucional deficiente, sino para reforzar prejuicios históricos.
Del otro lado, también es cierto que la alternancia de género, tal como hoy está redactada en la Constitución local, ha demostrado ser insuficiente. La fórmula ambigua de “alternar el género” ha permitido que, en los hechos, los partidos sigan encontrando rutas para que el poder ejecutivo continúe siendo un espacio masculino. En ese sentido, la iniciativa pone el dedo en la llaga y obliga a los partidos a dejar de esconderse detrás de la simulación.
Pero una cosa es empujar a los partidos a asumir su responsabilidad histórica y otra es cerrar el sistema de competencia de manera que genere nuevas exclusiones y posibles impugnaciones. Las críticas sobre la afectación a candidaturas independientes, o sobre la constitucionalidad de reservar una elección completa a un solo género, no son menores. Si la reforma nace debilitada jurídicamente, el riesgo es que termine anulada en tribunales y que el mensaje político se diluya en un litigio prolongado.
Lo que es un hecho es que el rediseño de reglas siempre beneficia o perjudica a alguien, aunque se afirme que no tiene dedicatoria. Espero que éste no sea el caso, por justicia histórica.