Cada que se habla de una reforma electoral se despierta una constante: cualquier intento de tocar las reglas del juego democrático despierta expectativas, miedos y sospechas en partes iguales. No es menor. El sistema electoral ha sido, con todas sus fallas, uno de los pilares que permitió la alternancia y la competencia política en las últimas décadas tras la caída de un régimen de más de 70 años en México que créame nadie desea repetir.
El listado de temas que se ponen sobre la mesa es amplio y, en apariencia, razonable. Reducir costos, revisar el financiamiento de partidos, eliminar privilegios como el fuero, modernizar el voto y fortalecer la participación ciudadana suenan, al menos en el discurso, como demandas largamente expresadas por la sociedad. Pocas personas defenderían abiertamente el despilfarro, la opacidad o los abusos que han acompañado a la política mexicana durante años.
Sin embargo, la discusión no se da en el vacío. El contexto importa. Que la iniciativa se construya desde el poder y con la mayoría legislativa de un solo bloque genera una desconfianza automática en amplios sectores. No se trata solo de qué se quiere cambiar, sino de quién impulsa los cambios y con qué contrapesos. La memoria reciente de reformas hechas al vapor o con fines coyunturales incita el escepticismo y es comprensible.
La revisión del presupuesto del INE y de los partidos es uno de los puntos más sensibles. La austeridad puede ser un objetivo legítimo, pero también puede convertirse en un mecanismo de debilitamiento institucional si no se traza con cuidado. Un árbitro electoral fuerte y autónomo cuesta, pero también evita conflictos mayores.
Algo similar ocurre con el voto electrónico pues la confianza ciudadana en las elecciones no se decreta ni se instala con software; se construye con reglas claras, auditorías, transparencia y consenso. Avanzar sin una discusión amplia y técnica podría alimentar más dudas que certezas.
La reacción de la oposición, que ya habla de retrocesos democráticos y concentración de poder, también forma parte del libreto conocido. Las comparaciones con modelos autoritarios, aunque a veces exageradas, reflejan un temor real: que bajo la bandera de la eficiencia se erosionen equilibrios que costaron décadas construir. La descalificación frontal, sin embargo, tampoco ayuda a un debate serio.
Quizá el mayor reto de esta reforma no sea su contenido, sino el método. Si el proceso se percibe como cerrado, acelerado o dominado por una sola visión, el resultado, por más técnico que sea, nacerá marcado por la duda.
Quienes discuten las reformas conocen las mieles del poder y eso sin duda podría llevar a un callejón sin salida si justo el deseo de llegar o mantenerse en el poder supera al interés del bien común para los mexicanos.