En lo que va de este año, las fuerzas federales han destruido al menos dos narcolaboratorios y dos granjas de criptomonedas ubicadas en distintas regiones del estado. Sin duda los criminales prefieren la serranía de Puebla porque se sienten protegidos.
El fin de semana se dio a conocer el descubrimiento por parte de las autoridades de un complejo clandestino para la elaboración de metanfetaminas, distribuido en 11 áreas de operación, el cual fue inhabilitado por las fuerzas federales en el municipio de Tlachichuca.
En ese lugar localizaron casi 600 costales con sustancias químicas y herramientas para la producción de drogas sintéticas, que estaban ocultos en terrenos de la sierra y camuflados por enormes árboles que servían para impedir su detección desde el aire.
Este campamento fue identificado en un paraje de la comunidad de Agua Escondida El Salitrero, mediante labores de inteligencia e investigación realizadas de manera coordinada por la Defensa, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En el sitio, según la propia SSPPC, durante este operativo las autoridades encontraron 587 costales con precursores químicos, así como 179 objetos empleados en los procesos de elaboración de metanfetamina, lo que permitió identificar el lugar como un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas.
El mismo viernes localizaron otro punto en la Sierra Norte en el municipio de Atempan, donde procedieron a destruir e inhabilitar los materiales y objetos localizados. En ese inmueble había al menos 650 kilos de droga.
Entre esos dos lugares, y otro localizado el mes de junio, estamos hablando de más de 7 mil millones en mercancía y precursores que por fortuna ya no estarán en las calles.
Apenas en septiembre detectaron una granja de criptomonedas en el municipio de Tlaola, también a través de las corporaciones federales se dieron a conocer las actividades delictivas en el estado.
Por un lado, que bueno que se hayan desmantelado estos narcolaboratorios, pero por el otro habla muy mal de los alcaldes de esas regiones, donde los criminales operan con toda impunidad. La realidad supera y por mucho a la ficción, pues en las narcoseries ese tipo de lugares se montan con toda libertad y casi nunca los detectan.
Para armar esos centros donde cocinan esas drogas se requiere espacio, materiales y transportes para distribuir su mercancía. Está claro que las policías municipales y hasta los propios alcaldes de esos lugares podrían estar coludidos con la delincuencia.