Mientras las familias buscan a sus desaparecidos sin viáticos, sin apoyo para traslados y sin condiciones dignas, los asesores jurídicos que las acompañan podrían quedar fuera por falta de presupuesto oficial.
Para las víctimas de delitos y, particularmente, para las familias de personas desaparecidas en Nuevo León, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVNL) atraviesa una situación que puede calificarse como abandono institucional y hasta revictimización.
Esta institución opera actualmente con un encargado del Despacho, mientras las víctimas continúan esperando respuestas y apoyo efectivo, pero ahora la preocupación es todavía mayor.
De acuerdo con información proporcionada por los propios trabajadores, varios asesores jurídicos de la Comisión fueron notificados el pasado 30 de septiembre de que sus contratos no serían renovados.
Esta situación afectaría no solamente al área de desapariciones, sino también a las que atienden a víctimas de violencia familiar, homicidio y otros delitos.
En el área de desapariciones, por ejemplo, existen alrededor de ocho asesores jurídicos que de por sí es una cifra insuficiente frente a la magnitud de la crisis de desapariciones que enfrenta Nuevo León.
Su trabajo es dar seguimiento a los expedientes, acompañar a las familias ante las autoridades, revisar las carpetas de investigación, así como dar ayuda a las víctimas para exigir sus derechos. Al eliminar estos puestos dejarían en el abandono a los familiares.
Ante la falta de pagos y la incertidumbre laboral, los directivos afirman que no han liberado el presupuesto necesario. Esta explicación ha provocado una pregunta fundamental:
Si no hay presupuesto, ¿por qué se recorta precisamente al personal que atiende directamente a las víctimas?
Lo que resulta inexplicable es que mientras limitan el gasto en asesores –que representan y acompañan a las familias–, alrededor de 14 jóvenes realizan actividades relacionadas con redes sociales y comunicación con sueldos estratosféricos.
Por otra parte, se gastan el dinero en vehículos utilizados para asuntos particulares por directivos. Este señalamiento debe ser aclarado por las autoridades mediante información verificable.
Aquí la pregunta es sencilla: ¿En qué están utilizando los recursos públicos destinados a la atención de las víctimas en Nuevo León?
Mientras la discusión presupuestal continúa en las oficinas, las madres buscadoras siguen en el campo con sus recursos y sin el soporte de las autoridades, la mayoría de las veces con sus propios recursos y afrontando el riesgo que implica su labor. No cabe duda que la insensibilidad es el principal sello de esta administración.