Los implementos para llevar a cabo la elección fueron la simiente de una confianza ciudadana que costó mucho rescatar; de manera muy especial, las credenciales para votar con fotografía, las boletas electorales foliadas y la tinta indeleble se convirtieron en pilares de nuestra democracia y, por lo tanto, en prácticamente objetos de culto a los que, como si de estatuas de santos se tratara, nos dimos gusto colgándoles cada vez más adornitos. Nuevos candados para las credenciales, papel seguridad y medidas casi como si de billetes se tratara para cada boleta. Pero es interesante ver cómo la tinta indeleble siguió un camino distinto al tener un único proveedor que además es una institución pública: el IPN.
Como resulta evidente, cada nueva medida de seguridad elevaba el precio, en cambio, lo que agregaba a la tranquilidad del votante se volvía cada vez más marginal. Aunado a ello, surgieron peticiones de nuevos aditamentos, por ejemplo, soportes para urnas o sobres impermeables para los paquetes, que también sumaron su cuota al presupuesto. Mientras todo esto crecía, el número de proveedores capaces de producirlo y comercializarlo se mantuvo muy pequeño. Con lo que se armó el caldo de cultivo perfecto para lo que terminó por ocurrir.
Paralelamente, desde hace más de una década se estuvo gestando una solución: el tránsito hacia el voto electrónico. Algunos estados como Nuevo León y Coahuila desarrollaron, junto con sus universidades, prototipos de urnas electrónicas capaces de brindar certeza al electorado; pero los Congresos locales y federal nunca han legislado en esa dirección. Así, nadie pudo competir contra un grupo de comerciantes que se fue cartelizando.
El último clavo del ataúd fue la reforma que legalizó el presidencialismo exacerbado en lugar de un colegiado que se vigila mutuamente. Los resultados están a la vista, la institución garante de nuestra democracia siendo consumida por quienes no ven en ella sino a su mejor cliente, al que hay que cultivar con regalos y prevendas.