El pasado domingo 19 de abril, la afición futbolera congregada en el estadio Azteca rugió con odio cuando el portero despejaba el balón. El árbitro central siempre se mantuvo indiferente.
En ninguno de los gritos detuvo el partido para llamar al orden y detener estas conductas que incitan al odio. Incluso, el periodista deportivo, David Faitelson, manifestó su sorpresa ante la actitud pasiva del árbitro Ismael López.
Este conocido grito homofóbico mexicano ya ha sido sancionado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). Al respecto, el reglamento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) establece que quienes asistan a un estadio y cometan una infracción por racismo y/o discriminación, deberán ser serán sancionados con la prohibición de acceso al estadio, al menos por 1 año.
Asimismo, si uno o más seguidores de un club adoptan un comportamiento que atente contra la dignidad o la integridad de un país, una persona o un colectivo, mediante palabras o acciones despectivas, discriminatorias o vejatorias por motivos como la orientación sexual, se podrán imponer sanciones disciplinarias al club responsable, aunque éste pueda demostrar la ausencia de culpa o negligencia por su parte.
A pesar de esto, al árbitro Ismael López tampoco pareció importarle que presenciaba una conducta que podría configurar el delito de discriminación, tipificado en el Código Penal de la Ciudad de México que, en su artículo 206, establece sanciones de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 50 a 200 días al que, por razón de preferencias sexuales atente contra la dignidad humana, a través de conductas que provoque, incite y apoye a difundir acciones basadas en odio, violencia o discriminación contra cualquier persona o grupo de personas.
En este contexto, apenas el día de ayer, la Suprema Corte declaró la validez constitucional de normas semejantes del estado de Sinaloa, donde el ministro ponente, Arístides Guerrero, señaló que “[…] combatir los discursos de odio es urgente, porque no se quedan en las palabras, se filtran en la vida cotidiana, deshumanizan, normalizan la agresión y abren la puerta a la violencia más grave […]”. En el mismo sentido de declarar la validez constitucional de la porción normativa analizada en la Acción de Inconstitucional 152/2024, se pronunciaron las ministras Esquivel, Batres y Herrerías, así como el ministro Espinoza.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, el 37.3 por ciento de las personas de la diversidad sexual y de género manifestó haber experimentado algún acto de discriminación en los últimos doce meses; y según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio entre 2014 y 2025, se documentaron al menos 739 asesinatos y desapariciones de personas pertenecientes a la diversidad sexual y de género en México.
A pesar de esta la gravedad de esta problemática, las notas periodísticas se enfocaron en la trifulca del final del partido.
Sin conciencia del impacto real de la discriminación, ni las sanciones deportivas ni las penales serán suficientes: los rugidos de odio como “¡Eeeh, pu…!” persistirán y el futbol seguirá siendo un espejo incómodo de nuestras deudas sociales.